MADURO ANTE LA CORTE

La comunidad internacional reprueba la ejecución extrajudicial de los rebeldes rendidos.,La dictadura de Nicolás Maduro ha llegado a su punto más alto en la violación de derechos humanos de sus compatriotas: la ejecución extrajudicial de un grupo de ex agentes armados, liderados por el ex policía Oscar Pérez, activos opositores a su gobierno, que habían expresado inequívocamente su voluntad de rendirse.Para el director de la organización defensora de los DDHH, Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, estos hechos, que no son aislados, justifican hoy día la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).No es la primera vez que un crimen de Maduro puede ser objeto de un proceso en la CPI, que a diferencia de otros tribunales penales internacionales no juzga estados sino personas. Sin embargo, nunca como ahora se había registrado una cadena visible de acciones gubernamentales, incluidas las declaraciones del mismo Maduro luego de la ejecución de los rebeldes, que hacen posible un juicio internacional de esa magnitud.De hecho, el caso tampoco impediría en su momento que la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) ventile el proceso, como lo hiciera en su momento, agotada la vía interna en los casos de la matanza de El Frontón en 1986 y de uno de los terroristas del MRTA muerto luego del rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés, en 1997.La comunidad internacional es sensible a los casos de ajusticiamiento de los rendidos. En el caso del grupo encabezado por el ex policía Pérez, las actas de defunción a las que ha tenido acceso un grupo de defensores de DDHH, Foro Penal revelan que seis de ellos recibieron un disparo en la cabeza.Los detalles que apuntan directamente a la responsabilidad de Maduro son varios. Uno de los más consistentes es la serie de videos cortos que Pérez difundió desde el lugar donde fueron cercados por las tropas del Gobierno. En ellos denunciaba que habían expresado su voluntad de rendirse, pero que las fuerzas gubernamentales pretendían asesinarlos. En uno de los videos, el líder del grupo insurgente señala: “Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios, que de paso hay conocidos de nosotros, somos patriotas, somos nacionalistas, venimos con toda nuestra convicción”.Otra prueba es el modo en que se llevó a cabo el operativo, a cargo de tres instituciones: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, a los que se sumaron grupos paramilitares, una acción en la que participaron más de 600 efectivos con armas de guerra, incluidos tanques y lanzacohetes, un despliegue desproporcionado que evidenciaba desde el inicio el objetivo de arrasar con un grupo reducido resistente.Las condenas no se han hecho esperar y la comunidad internacional no comulga con el adjetivo de “terrorista” que el Gobierno endilgó a los rebeldes en los meses en que duró su persecución. Es hora de que esa comunidad ponga al jefe de ese Gobierno ante los tribunales internacionales.