El encubrimiento de los sobornos que no vieron los auditores

Investigación a consorciosLa ruta del dinero. Fiscalía revisará los contratos y la responsabilidad de la firma auditora Pricewaterhouse por no observar ni advertir el anómalo reparto de utilidades que permitió encubrir el pago de sobornos al ex presidente Toledo por la Interoceánica.,La investigación a las constructoras socias de Odebrecht en el Perú puede involucrar a más empresas y sus representantes. La Fiscalía ha dispuesto revisar los contratos de la auditora Pricewaterhouse Coopers con los consorcios que construyeron la carretera Interoceánica. La Fiscalía les reclama no advertir la anómala cesión de utilidades, que habría encubierto el pago de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo. PUEDES VER Comisión Lava Jato pide a PPK que se pronuncie sobre vínculos con Odebrecht Pricewaterhouse Coopers, es una red mundial de profesionales de auditoría que opera en el Perú, entre 2001 y 2013 bajo la razón social Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, y desde 2013, como Gaveglio Aparicio y Asociados SCRL. Esta sociedad prestó servicios a los consorcios Interoceánica Sur tramo 2, Interoceánica Sur tramó 3, Conirsa y, adicionalmente, a Graña y Montero. Con GyM estuvieron hasta el año 2016. Falta de control Sin embargo, sostiene la Fiscalía, a partir de la declaración de los auditores Félix Horna Montoya y Percy Aparicio Ponce, que en Pricewaterhouse Coopers “no observaron ni comentaron acerca de esta anómala cesión de utilidades en los exámenes de los estados financieros”, aprobados en Junta de Accionistas de junio 2011. Tampoco observaron que este “riesgo adicional” no está “debidamente provisionado contablemente como correspondía al cierre de cada ejercicio”. Puntualiza la Fiscalía que ello implica que no fueron identificados y cuantificados, durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. De acuerdo con la declaración del colaborador Jorge Barata y las actas de juntas de accionistas, los representantes de las empresas que integraban los mencionados consorcios acordaron ceder parte de sus utilidades a Odebrecht. Dicho acuerdo se tomó a propuesta, en el caso del consorcio Interoceánica Sur Tramo 2, del presidente de la sociedad, Eleuberto Antonio Martorelli, quien expresó lo siguiente: “... considerando que el accionista CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. había asumido riesgos adicionales por la ejecución de las obras de construcción encargadas a la sociedad y considerando que su papel ha sido determinante en la obtención de resultados, asumiendo inclusive riesgos adicionales, correspondía que este reciba un mayor porcentaje de las utilidades distribuibles...”. “Tras deliberar sobre el particular los accionistas acordaron por unanimidad repartir un dividendo neto acumulado ascendente a S/ 94.318.519,47 a ser distribuidos en las siguientes proporciones, en atención a los mayores riesgos asumidos por el accionistas Constructora Norberto Odebrecht SA”. La ruta del dinero De acuerdo con la participación de los socios en la constitución del consorcio a Norberto Odebrecht le correspondía el 25%, a Odebrecht Perú Ingeniería el 45%, Graña y Montero 19%, JJCamet 7% e ICCGSA 4%. Pero, a partir del acuerdo de junta de accionistas, Nolberto Odebrecht recibe el 38,27% de las utilidades, Odebrecht Perú Ingeniería mantiene su 45%, GyM reduce su ganancia a 14,29%, JJCamet recibe el 11,55% e ICCGSA el 0,89%. Estos son los valores para las utilidades del consorcio Interoceánica Sur, tramo 2, y casi los mismos valores para el tramo 3. En el consorcio Conirsa, Odebrecht Perú Ingeniería con una participación de 70% recibe el 86,41%. Graña y Montero, que debía recibir el 19%, reduce sus utilidades a 11,80%; JJCamet, de 7% a solo 1.13%; e ICCGSA, de 4 a 0.64%. Así, las tres empresas peruanas terminaron cediendo a Odebrecht un total de S/ 41.499.688,35, equivalente a US$ 15.083.805,24. Por empresas: GyM cedió US$6.219.627,15; JJCamet, US$ 5.64.151,70; e ICCGSA, US$ 3.223.026,39. El dinero se transfirió de los consorcios a los socios beneficiarios finales, mediante cheques del BCP, reparto de utilidades y movimientos de dineros sobre los que Pricewaterhouse Coopers no dijo nada, en los balances financieros del 2011 ni de años anteriores. Esta irregularidad de la auditoría también sustenta formalización de cargos por colusión y lavado contra representantes de constructoras peruanas. Testimonios Vía cooperación judicial, la Fiscalía plantea recabar en Brasil la declaración de Eleuberto Antonio Martorelli, representante de Odebrecht Participacoes e Investimentos; Sergio Nogueira Panicali, secretario de la junta de accionistas de Conirsa; y de Daniel Bezerra Villar y Raymundo Nonato Trindade Serra, por los tramos 2 y 3. Auditora ha tenido más de un problema En agosto, Pricewaterhouse Coopers (PwC) recibió una multa de 5,1 millones de libras esterlinas –equivalentes a 6,6 millones de dólares– en el Reino Unido por “conducta indebida” en la auditoría a la empresa RSM Tenon Group Plc. Un mes antes, ya había recibido otra multa de 5 millones de libras esterlinas por un examen a Connauggt Plc. Pricewaterhouse Coopers fue auditor externo de Graña y Montero hasta este año. El 4 de octubre último, GyM rescindió el contrato con esta empresa al advertir un conflicto que afectaba su independencia, pues en 2016 prestó otros servicios para la constructora. El 2 de noviembre, GyM informó de una auditoría realizada por el estudio de abogados Simpson Thacher & Bartlett, que descartó actos de corrupción entre el personal de la compañía. Este examen buscaba responder a una demanda de inversionistas en Estados Unidos.

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