Al estilo chavista; ataque contra el Fiscal de la Nación a pocos días del interrogatorio a Barata.,La mayoría fujimorista ha presentado una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no haber iniciado las acciones pertinentes contra los implicados en la corrupción brasileña. Fuerza Popular lo acusa de grave omisión funcional y demanda su destitución e inhabilitación. Hasta ahora, este es el punto más alto del acoso del fujimorismo contra el Ministerio Público, y está relacionado con la investigación que esta institución ha abierto a la lideresa de este grupo, Keiko Fujimori, bajo la ley de crimen organizado y el Nuevo Código Procesal Penal. Se produce precipitadamente a pocas horas de que el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez interrogue al empresario Marcelo Odebrecht en Curitiba (Brasil). El acoso de Fuerza Popular tampoco se puede desligar de la operación golpista que ha puesto en marcha para destituir a 4 miembros del Tribunal Constitucional, luego de lo cual usará su mayoría parlamentaria y el apoyo de sus aliados para copar el TC y convertirlo en un títere del Congreso. Se ha configurado entonces un clima golpista parlamentario contra dos organismos cuyas competencias legales son cruciales para la juridicidad del país: el TC a cargo del control constitucional y el Ministerio Público, defensor de la legalidad y de la Constitución. Mientras la fiscalía no avanzaba en sus investigaciones contra Keiko Fujimori y Alan García, las tensiones eran manejables, más allá de los reclamos por una supuesta lentitud de los procesos que, como se sabe, depende de las investigaciones en Brasil. No obstante, cuando desde Brasil vienen datos precisos contra ambos personajes, los investigados pretenden evadir la acción de la justicia. En su lógica, la lucha contra la corrupción solo es aplaudida si se refiere exclusivamente a Toledo y Humala. La denuncia contra el Fiscal de la Nación es copia fiel de la que hizo el régimen de Nicolás Maduro contra la fiscal venezolana. Consiste en una operación burda a la que se le ve sin esfuerzo el objetivo de un chantaje a la fiscalía para que no investigue a Keiko y García. El fiscal Sánchez es un funcionario probo, con una dilatada carrera pública, y que en los últimos años se enfrentó precisamente a los fiscales amigos de los partidos que ahora se empeñan en que la fiscalía retorne a la política del tarjetazo y el compadrazgo. Esta iniciativa se compagina perfectamente con el proceso de selección de magistrados supremos que lleva adelante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y en donde se han denunciado presiones partidistas. Es preciso iniciar una campaña nacional para evitar que el grupo dominante en el Congreso avance a la toma de la fiscalía y el TC, los que junto al CNM, que ya opera en concordia con el Apra y el fujimorismo, terminen copando las instituciones del Estado. La trama golpista debe ser denunciada y detenida. Se ciernen sobre el sistema graves riesgos.
