No solo la defensa legal de las víctimas de esterilizaciones forzadas, ejecutadas en el gobierno de Alberto Fujimori, impugnó el archivamiento de este caso y pidió que un fiscal de mayor rango evalúe esta decisión y la desapruebe. También lo hizo la procuraduría del Ministerio de Justicia tanto en julio como en diciembre del año pasado cuando la fiscalía resolvió no elevar denuncia.“La procuraduría del sector Justicia impugnó porque ellos están defendiendo al Estado por los delitos de peculado, que también se está investigando”, refirió el abogado de Demus Milton Campos.Indicó que durante el desarrollo del programa de esterilizaciones hubo un mal uso de dinero, al destinarse recursos sin seguir los procedimientos conforme a ley.Mencionó que este hecho se evidencia con los pagos que se hacían a los médicos por cada intervención quirúrgica, los dineros dedicados a las campañas de esterilización que emprendían, o al presupuesto de la Casa Militar de Palacio de Gobierno que disponía lo que se compraba para implementar este programa. “En este delito el agraviado es el Estado y quien defiende esta parte de la investigación es el Ministerio de Justicia a través de su procuraduría especializada en anticorrupción. Esta procuraduría mantiene su tesis de que no puede haber excusa para no investigar estos hechos”, manifestó el abogado.Y agregó que el manejo indiscriminado del dinero también se manifiesta en el caso de Mamérita Mestanza, fallecida a causa de la esterilización, cuyo esposo Jacinto Salazar recibió dinero del director de Salud de Cajamarca para no seguir con la denuncia. Sucedió igual con el esposo de Celia Ramos, a quien el director de Salud de Piura dio dinero para que desista. “Lo hizo, y se archivó el caso en ese momento”, dijo.❧La claveLa organización Demus, que patrocina a las agraviadas, presentó importante información nueva a fin de que el fiscal Luis Landa, de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, pase el caso al Poder Judicial. La voluminosa carpeta fiscal, de entre 300 y 400 tomos, está siendo evaluada por el fiscal superior desde hace 9 meses.
