“Borrón y cuenta nueva” ha sido el expediente generalmente utilizado en el camino de la paz negociada para pasar de la guerra a la paz. Amnistía general o equivalentes, para tirios y troyanos, y completa volteada de página. No está siendo así en Colombia hoy. Lo acordado hace un año entre el gobierno de la Colombia y las FARC es muy distinto e innovador. Se diseñó allí un sistema de justicia especial para la paz muy creativo y ambicioso con un gran reto: combinar la necesidad de ver sancionados a los máximos responsables con la verdad, reparación y reconciliación. Un hito fundamental ha sido el anuncio este martes 26 de los 51 magistrados designados para conducir la justicia especial para la paz al menos por los próximos diez años. En Colombia se optó por diseñar dos caminos en función de las circunstancias o hechos en que estuvieran involucrados quienes participaron en el conflicto. Por un lado, amnistía para los combatientes “rasos” en cumplimiento de las normas del Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1954. Por el otro, el sometimiento a una justicia especial para la paz para todos los que pudieran estar involucrados en “… delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, …, la toma de rehenes …la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”. Los acuerdos de paz colombianos son, de hecho, los primeros en el mundo en el que una guerrilla acepta someterse a alguna forma de justicia. Las amnistías ya están en ejecución y también lo están distintas manifestaciones de sometimiento a la justicia especial para la paz por varios participantes en el conflicto en distintos niveles jerárquicos. Esta justicia no es un “calco” de la ordinaria; eso sería su fracaso. Está pensada como un espacio institucional temporal que ha de manejarse por procedimientos y normas distintos a los de la justicia ordinaria. Esencialmente porque debe abordar los casos y determinar responsabilidades en una perspectiva de justicia “reparadora” integrada con otros componentes cruciales: una dosis indispensable de justicia combinada creativamente con verdad, reinserción social de los responsables y reparación para las víctimas. Parte clave de este proceso ha sido la designación de los magistrados que compondrán la nueva estructura de justicia por una vía también innovadora que de confianza a la sociedad toda. Se hizo a través del denominado “Comité de Escogencia” integrado por cinco personas que se buscaba fueran de total independencia. De los cinco, dos son colombianos y tres extranjeros. Los primeros, un integrante de la Corte Suprema designado por ésta misma (Francisco Acuña) y la otra, una representante de las universidades públicas (Claudia Vaca). Me corresponde integrar el Comité por designación del Secretario General de la ONU y hacerlo en compañía del ex Defensor del Pueblo de España, Álvaro Gil Robles, designado por el Consejo de Europa, y de Juan Méndez, designado por el ICTJ, la más calificada institución mundial en materia de justicia transicional. Este martes 26 de setiembre se entregó al gobierno la lista de los 38 magistrados titulares seleccionados y de los 13 suplentes. Un proceso abierto y transparente ha sido su esencia: más de 2.000 candidatos, un mecanismo abierto a la participación ciudadana para que haga llegar observaciones sobre las candidaturas y entrevistas a los “finalistas” que son de acceso público. El resultado, que ha sido muy bien recibido, es un sistema en el que el 52% de los magistrados son mujeres y en el que participan, además, magistrados indígenas y afrocolombianos calificados. Muchos esperan que, pese a la polarización que afecta el país, este espacio pueda convertirse en uno de convergencia dado el papel esencial que ha de desempeñar en los tiempos venideros.
