La jerga económica llama “brotes verdes” a las señales primaverales de reactivación que vienen después del invierno de la recesión o de un otoño que ha dado lugar a un estancamiento económico prolongado. De eso se habla en estos días: “ya están subiendo los precios de las materias primas, vuelve a haber más empleo (aunque informal y no formal), aumenta el consumo de cemento, se han acelerado las importaciones de bienes de capital”. Y así. Los “brotes verdes” van de la mano con los pedidos de casi todos los sectores de la derecha económica para que la “victoria programática” de las elecciones del 2016 se haga realidad de una vez por todas. No tiene sentido seguir peleando cuando se comparte el cariño por el libre mercado. Así, se escucha nuevamente hablar de “reformas estructurales”. El ministro Segura trasladó a la práctica una de ellas, la rebaja de impuesto a la renta a las empresas, del 30 al 28%, con el argumento de que “con más caja”, los empresarios se animarían a invertir. No sucedió y Thorne revirtió la “reforma” de Segura. De su lado. Thorne dijo que la gran “reforma estructural” del gobierno PPK sería reducir la informalidad vía la baja del IGV del 18 al 16%, como si el problema fuera de “costos”, cuando la solución está en la diversificación para la inversión productiva y el aumento de empleos formales. Desde el punto de vista teórico, las “reformas estructurales” promueven cambios en las formas y modalidades en que los actores económicos se relacionan entre ellos en el mercado. Y no son únicamente económicas, claro que no. Están allí por ejemplo las institucionales, comenzando por la reforma electoral y la reforma judicial para la lucha contra la corrupción. Pero aquí nos centraremos en las económicas. Hay reformas que favorecen al sector empresarial, como la rebaja del impuesto a la renta y, también, la “reforma laboral” que propone recortar los derechos de los trabajadores eliminando “las rigideces que dificultan el despido”, así como una nueva “ley pulpín” que acabe con los derechos de los jóvenes. Pero hay reformas estructurales de contenido distinto que se mencionan poco o nada. Así, por ejemplo, es de primera necesidad la reforma tributaria que modifique la estructura de recaudación que hoy tiene el acento en los impuestos indirectos regresivos (IGV) hacia una mayor importancia de los impuestos directos progresivos (a la renta). Aquí es central la Norma XVI para combatir la elusión tributaria, pero su implementación la frenó el gobierno de Humala, lo que continúa hasta hoy. Asimismo, se debe promover una mayor competencia en los mercados altamente concentrados, por ejemplo, en el transporte aéreo, la industria láctea y cervecera, así como en el sector financiero y los fondos de pensiones, para solo mencionar algunos. También puede haber una reforma estructural si, como lo pide la OCDE, se regulan las fusiones y adquisiciones de empresas mediante el “control previo”, como en Brasil y Chile. Lo mismo se aplica para las concertaciones de precios entre los principales actores, como viene sucediendo, por ejemplo, en las farmacias con los medicamentos, en los grifos con los elevados márgenes en la venta de combustibles y en el mercado de papel higiénico, donde el Indecopi tiene la responsabilidad central. Otra reforma estructural puede ser la puesta en marcha de una política energética que descentralice la producción de energía (hoy altamente concentrada en Chilca) y que impulse la masificación del consumo del gas natural, pues permitiría el acceso de millones de ciudadanos a una energía más barata y menos contaminante. También es la fuente para la industria petroquímica. Lo que tenemos hoy son iniciativas aisladas y de pequeño impacto, que no permiten avanzar porque el Estado no puede decidir acerca del destino de nuestras reservas de gas natural. El gasoducto al sur es la llave de cambio de la matriz energética. También es una reforma estructural el impulso a la investigación y el desarrollo, donde ocupamos los últimos lugares. Para que esa política del siglo XXI tenga velocidad es necesario ligarla con las inversiones en nuevos sectores productivos, como la producción de fertilizantes a partir de los fosfatos de Bayóvar o el impulso a los “clusters” que produzcan encadenamientos con la actividad minera. Pero la diversificación productiva del exministro Ghezzi (que era un avance) ha sido congelada por este gobierno. Para terminar, no estamos seguros de que los “brotes verdes” se conviertan en realidad, debido a la actual situación de la economía mundial. Pero, bueno, supongamos que los brotes maduran. ¿Es que, colorín colorado, basta con una reactivación de la economía antes descrita? ¿O son necesarias las reformas estructurales que cuestionen el carácter oligopólico de la economía y redefinan los roles y funciones del mercado y el Estado? Juzguen los lectores.
