Memorias de la corrupción | 19-9-2000Recordaris. Ex presidente fabricó un falso “Plan Soberanía” para detener filtración de terroristas de las FARC y así pudo obtener los fondos públicos con los que sobornó a su ex asesor para que no revelara los secretos del régimen fujimorista.,El 19 de setiembre de 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori firmó el Decreto de Urgencia 081-2000 que autorizaba entregar al Ministerio de Defensa 52,5 millones de soles para financiar un supuesto “Plan Soberanía” para evitar la infiltración de terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Solo había transcurrido cinco días de la difusión del “vladivideo” en el que se observa a Vladimiro Montesinos pagando un soborno al congresista Alberto Kouri, en el interior del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), lo que produjo un terremoto en el régimen. Fujimori convirtió los 52,5 millones de soles en US$ 15 millones, cifra que le exigió Montesinos como condición para asilarse en Panamá. Como quedó establecido durante la investigación fiscal, y se ratificó en la sentencia que recibió el ex jefe del Estado de 7 años y 6 meses de prisión, el propósito de Fujimori era acallar a Montesinos, que había advertido con revelar todos los secretos de corrupción y crimen del gobierno fujimorista si no le abonaba el soborno. PUEDES VER Mercedes Aráoz negó que ministro Enrique Mendoza facilite un posible indulto a Alberto Fujimori Han transcurrido 17 años de este gravísimo caso de corrupción que ha reconocido Fujimori ante el Poder Judicial. El caso lo destapó La República. Como luego confesarían los actores del operativo, el propio Montesinos y el general Bergamino; además del ex primer ministro Federico Salas; el ex ministro de Economía, Carlos Boloña; y el ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jalilie; Fujimori suscribió el decreto de urgencia el fraudulento “Plan Soberanía” el 19 de setiembre de 2000, con la expresa finalidad de pagar lo que reclamaba Montesinos bajo la supuesta figura de “compensación por tiempo de servicios”, pero no era nada más que una coima para acallarlo. El 22 de setiembre se ejecutó el plan de Fujimori. Dinero prohibido Pocas horas antes de que Montesinos escapara hacia Panamá, el general Bergamino dispuso que el general EP (r) Luis Muente Schwarz se encargara de pagarle a Montesinos, lo que cumplió la noche del mismo 22 de setiembre, en el SIN. Para entonces, Montesinos convocó a sus socios y amigos, los vendedores de armas Zvi Sudit y James Stone, quienes recogieron los costales con los US$ 15 millones en efectivo, y en coordinación con otro asociado, Ilan Weil Levy, suministraron el “dinero negro” al comisionista Henry Lelouch Cohen, quien, según instrucciones del ex asesor, transfirió los caudales a cuentas secretas en el Private Bank, Rafalzan Bank, Israel Discount Banki y Bank Hapoalim, con oficinas en Suiza. Cuando Fujimori creía que todo había retornado a la normalidad, y que iniciaría un proceso de “salida ordenada y decorosa” de su gobierno que se derrumbaba a pedazos, el dos de noviembre de 2000 la embajada de Suiza le informó que al menos US$ 50 millones habían sido descubiertos en cuentas secretas en bancos en ese país a nombre de Montesinos. Temeroso de que descubriera el soborno de US$ 15 millones que le había dado a Montesinos, Fujimori llamó el mismo día con carácter de urgencia a los funcionarios implicados: Boloña, Bergamino y Jalilie. Aterrado por la posibilidad de quedar en evidencia, el ex presidente les dijo que devolvería los US$ 15 millones al Ministerio de Defensa. Para sorpresa de todos, su cuñado, el embajador en Japón, Víctor Aritomi Shinto, junto con Fujimori, sacaron maletas con los fajos y se las dieron en la mano a Bergamino. “El 22 de noviembre del 2000 Fujimori me convocó a Palacio de Gobierno, donde me esperaba en un ambiente del segundo piso. Luego ingresamos a otro ambiente en compañía de Boloña y Jalilie, donde Fujimori me dijo: ‘Ahí están tus 15 millones’, entregándome cuatro maletas, siendo ayudado por Víctor Aritomi”, relató el general Bergamino a las autoridades. “Estábamos presentes el presidente (Fujimori), Boloña y yo, solos. Después apareció el embajador Aritomi (cuñado de Fujimori) y a los pocos minutos llegó Bergamino; este preguntó cómo se le devolvería el dinero. Después, el presidente (Fujimori), Bergamino y Aritomi entraron en una habitación y sacaron las maletas. Bergamino fue quien se llevó las cuatro maletas (con los US$ 15 millones)”, corroboró Jalilie. Los implicados reconocieron ante los tribunales que sabían que el “Plan Soberanía” era falso y que los US$ 15 millones era un pago que le hizo Fujimori a Montesinos. “(Efectivamente), el monto dinerario estaba destinado a Montesinos”, declaró Boloña. “(Reconozco) que sabía que el dinero otorgado al Ministerio de Defensa, supuestamente para la ejecución de un plan militar denominado ‘Soberanía’, no iba a ser entregado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sino en realidad a Montesinos, como efectivamente ocurrió”, afirmó el general Bergamino. “Yo sabía que los US$ 15 millones eran una supuesta compensación por tiempo de servicios (para Montesinos). Fue una decisión del ex presidente Fujimori a raíz de la difusión del video Montesinos-Kouri”, señaló por su parte el general Muente, quien hizo el pago efectivo al ex asesor de Fujimori. El ex jefe de Estado aceptó los hechos, pero no así la responsabilidad penal, bajo el argumento de que había “devuelto” los fondos, lo que fue desestimado por ser falso. Hasta el día de hoy Fujimori se niega a revelar de dónde obtuvo los US$ 15 millones que retornó al Ministerio de Defensa. "El Estado no aprendió la lección" Avelino Guillén Ex fiscal supremo Por la denominación de los billetes, se determinó que los US$ 15 millones que devolvió Alberto Fujimori no eran los que le entregó a Vladimiro Montesinos. Por ello, en la sentencia que dictó la Sala Penal Especial en 2009 se dispuso que el Ministerio Público investigue el origen de ese dinero. Un fiscal de lavado de activos inició una investigación, pero el resultado no lo conocemos. Hoy vemos con estupor que el Estado no aprendió las lecciones que dejaron esos años de corrupción. El Estado aún se muestra indefenso y el sistema judicial no tiene la capacidad ni el compromiso para combatir radicalmente la corrupción. Después del 2009, cuando se dieron las últimas condenas a Fujimori, son pocos los grandes casos de corrupción que han recibido una sanción adecuada. A la clase política no le interesa que se investiguen los delitos de corrupción.
