Desde el año 2001, la relación del Gobierno y el Congreso ha sido de tensión constante, y creciente. El principal atributo de nuestra gobernabilidad durante 16 años ha sido la inestabilidad conocida, de la que emergió una democracia de baja intensidad y con grandes brechas institucionales. Este proceso tuvo el año pasado un momento de quiebre debido a que los electores le dieron por primera vez la mayoría absoluta a un partido, el que precisamente perdió la segunda vuelta, y dejaron al gobierno con una escasa representación. Esta gobernabilidad se reformuló sobre nuevas bases y se hizo más conocida por los actores desde julio del año pasado, aunque la crisis abierta recientemente por la interpelación a la ministra de Educación y la cuestión de confianza planteada por el Gobierno, abre la posibilidad de otra gobernabilidad, más precaria, más inestable y menos predecible. A pesar de ello, siguen vigentes algunas constantes que dejaron las crisis Congreso-Gobierno del ciclo 2001-2017. Consigno aquí algunas de ellas. Primero. Todos los ministros que en este período fueron objeto de dura crítica del Congreso o muy dura crítica social, interpelados o no, más o menos 32 (7 en el Gobierno de Toledo, 12 de García, 15 de Humala, y 3 de PPK hasta ahora), han terminado fuera del cargo, seriamente desgastados y con poca capacidad de maniobra previa a su salida. Esta constante se debe a varias razones, entre ellas las deficiencias del reclutamiento de ministros, el deterioro de las bancadas oficialistas y el auge del control político parlamentario. Segundo. Los gobiernos no pueden ingresar a largos periodos de tensión con el riesgo de un mayor desgaste social, debido a lo ya anotado –el auge del control político– y a dos realidades del equilibrio de poderes a la peruana: 1) el brote de varios conflictos políticos a la vez, que se hacen latentes por la intervención de la prensa, con su lógica propia y su creciente capacidad de investigación; y 2) el escaso compromiso de los parlamentarios con las políticas públicas, sea por sus debilidades o por la jerarquización de sus intereses. El modo en que el Congreso trató el voto de investidura de los gabinetes de Ana Jara y René Cornejo, al filo de la inconstitucionalidad, son dos botones de muestra. Tercero. Los gobiernos se debilitan y caen en aprobación ciudadana principalmente por su relación con la sociedad y no necesariamente por su buena o mala relación con el Congreso. Toledo y Humala tuvieron mayorías parlamentarias cuatro de los cinco años de sus mandatos, pero para ellos fueron determinantes eventos extraparlamentarios como el “Arequipazo”, Ilave, Conga o Espinar, en tanto que García logró una mayoría parlamentaria durante todo su gobierno, pero su gobierno se debilitó por el “Moqueguazo”, el caso Business Track o el “Baguazo”. Cuarto. El sistema ha subestimado durante 16 años la necesidad de reformas y no ha resuelto un problema de arquitectura. La Constitución de 1993 fue elaborada para facilitar la cooperación en favor del Ejecutivo y no para procesar las tensiones, de modo que aspectos cruciales de la gobernabilidad, como la vacancia presidencial, carecen de rigor constitucional, siendo frecuente que se convierta en amenaza contra el Jefe del Estado. Sucede lo mismo con la rebaja de tres a dos el número de gabinetes derribados para dar paso a la disolución del Congreso. Quinto. Finalmente, en el contexto de una crisis de representación, el Congreso se dedica desde el segundo año de su mandato a diferenciarse del Gobierno, con la ilusión de una fácil reelección, dando paso a una espiral populista y sin contenidos. Es inútil, el Congreso peruano no puede divorciarse del Gobierno ante los ojos de la sociedad y a lo sumo se pelea con él de espaldas al país. Por ello, la tasa de reelección parlamentaria apenas supera el 25%. Es el drama de la convivencia forzada que el sistema fija, porque no hay segunda vuelta en la elección parlamentaria, porque carecemos de Senado o porque no tenemos renovación por tercios.
