Baguazo. Por la muerte de once policías que prestaban seguridad a la base petrolera aquel 5 de junio del 2009, el fiscal ha solicitado cadena perpetua para todos los imputados.,Elizabeth Prado Después de ocho años de los luctuosos sucesos que se produjeron tras el violento desalojo de más de dos mil indígenas que se habían levantado en Bagua en defensa de sus derechos, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua dará inicio al juicio oral contra 22 indígenas awajún-wampis. Ellos están acusados de dar muerte a once agentes de la Policía Nacional que custodiaban la Estación 6 del oleoducto norperuano la tarde del 5 de junio del 2009. El fiscal superior Segundo Montoya ha solicitado cadena perpetua para todos los imputados. Como se recuerda, tras el desalojo de los manifestantes en la Curva del Diablo, donde perdieron la vida doce policías y diez civiles entre mestizos y nativos, los indígenas que habían tomado la Estación 6 reaccionaron violentamente contra once policías. El abogado Juan José Quispe, de IDL, que patrocina a Simón Weepiu, Alberto Tiwi, Eufemia Atamain, Rodolfo Atamain y Pedro Tiwi, informó que en la anterior audiencia de control de acusación la defensa hizo observaciones importantes a la postura fiscal. Entre otras, que tres de los acusados habían sido detenidos en la mañana del 5 de junio del 2009 durante el desalojo en la Curva del Diablo, por tanto no podían haber estado en la tarde en la Estación 6. "Hemos solicitado el archivamiento de estas tres acusaciones. También, el retiro de la acusación a Pedro Tiwi Jempe, quien falleció en el año 2013", refirió el abogado. El fiscal Segundo Montoya no respondió a las observaciones de la defensa y se limitó a reafirmar su acusación. "Eso es una burla porque la norma procesal indica que debe responder cada una de las observaciones. Solo dijo que el tribunal responderá sobre Pedro Tiwi", protestó Juan José Quispe. También cuestionó que el representante del Ministerio Público inicialmente haya retirado la acusación del delito de obstaculización del normal desarrollo de los servicios públicos, con lo cual salía del proceso la procuraduría del Ministerio del Interior. Sin embargo, después se retractó. "Nosotros estuvimos de acuerdo, pero en la tarde el fiscal se desdijo", lamentó Juan José Quispe.❧ Datos El Ministerio Público acusó a 26 indígenas. Uno de ellos ha muerto. Otros tres no estuvieron en el lugar de los hechos. Los 22 restantes responderán las acusaciones de secuestro agravado, lesiones, extorsión, obstaculización del normal desarrollo de los servicios públicos y disturbios. El tribunal, que en un mes iniciaría el juicio oral, está presidido por el magistrado Luis Torrejón Rengifo.
