A dos semanas del mensaje presidencial, según la última encuesta de Ipsos, la aprobación de Pedro Pablo Kuczynski ha caído al 29%, apenas un punto por encima de Verónica Mendoza y de Julio Guzmán, que alcanzan 28%. Keiko Fujimori encabeza la encuesta con 38% y Kenji la sigue, con 36%. La desaprobación de PPK llega al 64%, significativamente por encima de los cuatro candidatos mencionados: Guzmán tiene 45% de desaprobación, Keiko 54%, Kenji 55% y Verónica 56%. Kenji Fujimori se ha replegado, haciendo un paréntesis en el enfrentamiento con su hermana Keiko. Pareciera que, al no conseguir que PPK anunciara el indulto a Alberto Fujimori el 28 de julio, la vieja guardia fujimorista hubiera decidido esperar una mejor coyuntura para volver a la carga (¿la Navidad, quizá?). A estas alturas parece claro que la competencia a Keiko Fujimori para el 2021 (asumiendo que Kenji no se lanzará, pues dos candidaturas dividirían el voto fujimorista alejándolo del triunfo) estará entre Mendoza y Guzmán. Pero resulta que ambos no tienen partidos inscritos en el registro electoral y no podrían participar, por la exigencia impuesta por el fujimorismo, de más de 700.000 firmas para inscribir una nueva organización. Todos los partidos que defienden este estado de cosas se inscribieron con alrededor de 100.000 firmas, en varios casos compradas, y en otros heredadas de organizaciones políticas ahora inexistentes; simples etiquetas electorales sin militantes ni propuesta de gobierno, vendidas como vientre de alquiler a organizaciones que quieren participar en los comicios y no tienen la inscripción electoral. Este es un sistema electoral que vicia profundamente la democracia. Que las organizaciones inscritas demanden a sus competidores siete veces más rúbricas de las que ellos presentaron es una maniobra encaminada a sacar de la carrera a los candidatos que cuentan con la mayor simpatía del electorado. Ahora, en la peor coyuntura política de lo que va de su gobierno, PPK tendrá que improvisar operadores políticos para actuar, luego de estrellarse contra la realidad, comprobando los límites del manejo tecnocrático para gobernar. La huelga magisterial ha cumplido más de un mes y ha puesto en crisis los aparatos de manejo de conflictos sociales del gobierno. Las marchas y contramarchas de estos días expresan no solo las contradicciones entre las imposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, esencialmente alineado con las demandas de las grandes empresas y de las calificadoras de riesgo, y los ministerios que tienen que afrontar la conflictividad social, sino la crisis del sistema de representación gremial del magisterio. La actual huelga magisterial expresa, por una parte, el hartazgo de los maestros por una postergación social y económica acumulada durante décadas. Es, además, expresión del descontento de cientos de miles de maestros con el manejo antidemocrático impuesto a la dirección del Sutep por Patria Roja, la organización que controla desde su fundación el gremio magisterial. El repertorio de maniobras utilizadas para asegurar su control a como dé lugar llevó al límite la paciencia de los agremiados, provocando una crisis de legitimidad con un resultado fulminante. En esta lucha está de por medio no solo la conducción de uno de los sindicatos más importantes del país, sino el control de una institución con gran poder económico: la Derrama Magisterial. El gobierno y la prensa conservadora acusan a la huelga de ser la tapadera de una ofensiva de agrupaciones de radicales y terroristas contra el país. Pero es claro que no habría una huelga magisterial radical sin la larga postergación de los maestros. La huelga es justa y, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, goza del apoyo de la mayoría de país. Esto, sumado a la paralización del sector salud y las que se vienen, deberá obligar al gobierno a revisar sus prioridades. La primera lección que debiera aprender todo economista es que el límite de la economía es la política. Un resultado posible de esta lucha justa es la fragmentación de la representación gremial en dirigencias regionales enfrentadas entre sí, incapaces de imponer su hegemonía, que destruya la representación nacional. Sería fatal para los maestros y depende de ellos que no suceda. Mientras el Perú arde, la atención de PPK está puesta en Venezuela. ¿Ha insultado este país al Perú? ¿Ha quemado sus símbolos patrios? ¿Está en nuestras fronteras, amenazando con invadirnos? Esas razones justifican la expulsión de un embajador y es una barbaridad que Pedro Pablo Kuczynski nos haya convertido en el único país del mundo que ha tomado semejante medida, alardeando de su subordinación a los intereses de los EEUU. Quizá no está de más recordarle que no fue elegido gobernador de Delaware o Arkansas, sino presidente del Perú.
