MPCh otorgó buena pro a empresa que presentó documentos falsos

OCI. Tras consulta al Seace, se verificó que proveedora de agregados entregó contrato que no sería verdadero.,Ysela Vega Chiclayo Una vez más la Contraloría General de la República puso en aprietos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) al evidenciar que el postor ganador de la buena pro para la compra de agregados para el mantenimiento de la infraestructura vial del cercado de Chiclayo (zona sur), habría presentado documentos falsos o con información inexacta para acreditar el requisito de calificación. Así lo plasma el Informe de Alerta de Control N.º 004-2017 emitido por el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Wilder Castro Nieves, quien solicitó al alcalde David Cornejo Chinguel disponer de la implementación de acciones correctivas, ya sean de carácter administrativo o penal. PUEDES VER: 531 jóvenes fueron excluidos de procesos penales gracias a programa de reinserción Evidencia El caso expuesto por la Contraloría se registra en el marco de la Adjudicación Selectiva N.º 30-2017. Según se precisa, el ayuntamiento concedió la buena pro a la empresa North Integral Transport S.A.C. por el valor de su oferta de 68 mil 952 soles. De acuerdo a la evaluación de OCI, North Integral Transport para acreditar el monto facturado exigido por las bases presentó a la MPCh dos contratos para venta de agregados suscritos el 18 de noviembre de 2016 y el 22 de febrero de 2017 con Construcciones e Inversiones Pegaso MS S.R.L., que según el convenio participaba como contratista de una obra de infraestructura vial en el distrito de Pampas (provincia de Tumbes). Empero, de la revisión que realizó el ente de control en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se detectó que North Integral Transport no fue el ganador de la buena pro de dicha obra, al no haber sido admitida su propuesta por no haber acreditado la declaración jurada de cumplimiento de términos de referencia. CLAVE El OCI otorgó al titular del pliego, David Cornejo Chinguel, cinco días de plazo para que informe sobre las medidas adoptadas, en razón de que este hecho podría afectar la correcta y transparente administración de los recursos públicos.