¿Sabes quién soy yo?, por Marianella Ledesma

En un pequeño reino había una plaza donde todos podían acudir cuando tenían un conflicto. Ahí había una balanza y, junto a ella, un juez.

Un día hubo una disputa entre un campesino y un hombre poderoso. El juez escuchó a ambos y, después de revisar las pruebas, le dio la razón al campesino. El hombre poderoso miró al juez y le dijo: ¿Sabes quién soy yo? El juez respondió: Lo sé. Pero aquí no importa quién sea usted. Aquí importa qué dice la ley y qué muestran las pruebas.

El poderoso no cuestionó el veredicto del juez, pero decidió atacar al juez. Comenzaron los rumores. Luego vinieron las investigaciones. Y finalmente alguien dijo: ese juez debe ser retirado. ¿Cuál fue su pecado? Haber demostrado que la balanza podía inclinarse contra el poderoso.

La destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien envió a prisión no solo a líderes políticos y grandes empresarios, es un ejemplo de ello y es la antesala de lo que vendrá para los jueces que tomen decisiones que incomoden al poder. La independencia judicial no se mide cuando el juez dice lo que el poder quiere escuchar; se mide cuando el juez se atreve a decir lo que el poder no quiere escuchar.

Instituciones ya tomadas

Controlar la labor de los jueces siempre ha sido una constante del poder político y económico. Hay que recordar que cuando el general Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, en 1968, destituyó a todos los jueces de la Corte Suprema e intervino el Poder Judicial. En igual forma, cuando Fujimori dio su autogolpe, en 1992, destituyó a decenas de jueces de diferentes instancias e intervino el Poder Judicial, a través de José Dellepiane Massa, miembro de la Marina.

Hoy se pretende hacer lo mismo, controlar el Poder Judicial, bajo el siguiente método:

1) el poder político en el Congreso aprueba leyes abiertamente inconstitucionales, como el juzgamiento de delitos comunes en el fuero militar, la amnistía y la prescripción de delitos de lesa humanidad, el proceso de colaboración eficaz, por citar, con el fin de debilitar la labor judicial y alcanzar impunidad; 2) se busca que el Tribunal Constitucional valide la constitucionalidad de esas leyes, y para ello, el defensor del pueblo es el vocero y promotor del control; 3) si los jueces, cumpliendo su deber constitucional, inaplican por control difuso o convencional esas leyes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) les inicia procesos disciplinarios para luego destituirlos; 4) se tejen paralelamente narrativas que destruyan la autoridad del juez ante la opinión pública, para justificar su futuro retiro; 5) el poder político, utilizando su posición de poder, amenaza a los jueces que inapliquen las leyes del Congreso; y, 6) se formalizan denuncias de manera selectiva, para forzar su destitución del cargo.  Todo está alineado bajo el libreto que siguen el TC, JNJ, Defensoría y el Congreso, para alcanzar el control de la institución judicial.

 A todo ello, se agrega el silencio del Ministerio Público, de no cumplir con el deber constitucional que le asigna el artículo 159.2 de la Constitución, de "velar por la independencia de los jueces." No hemos escuchado pronunciamiento alguno en defensa de la independencia judicial, por parte del Ministerio Público, como sí lo han hecho organismos internacionales como la ONU y la Corte IDH, que han cuestionado la labor de la Junta Nacional de Justicia.

Este método que ejecuta la JNJ de la mano del poder político apela al miedo y al amedrentamiento. Nadie coloca una cadena alrededor del cuello de los jueces. Nadie les ha dicho directamente qué sentencia deben dictar. Simplemente se apela al efecto disuasivo que las decisiones de la JNJ puedan generar en ellos.

Tener jueces independientes es una protección para los ciudadanos. Eso es lo que hay que reafirmar: los ciudadanos somos los directamente beneficiados con la independencia judicial, para ello, el diseño constitucional contempla una serie de garantías para que los jueces desarrollen su labor sin miedo, con libertad, tranquilidad e imparcialidad (art. 146 Constitución).

Choque de trenes

Recientemente, Keiko Fujimori como presidente de la República ha sostenido ante la ONU, que, en el país, no se respeta el debido proceso en el juzgamiento a los militares, lo que ha motivado la inevitable respuesta enérgica de la jueza Janeth Tello, presidenta del Poder Judicial. Si se habla dentro del país de respeto a la independencia judicial y separación de poderes, ese compromiso debería verse sostenido por igual ante la comunidad internacional.

Fujimori representa al Estado dentro y fuera de la República (118.2 Constitución). No puede tener un discurso para afuera y otro distinto para los ciudadanos. Nos preguntamos, ¿realmente se defiende el debido proceso o se está usando como excusa, para deslegitimar las decisiones judiciales que incomodan a quienes ejercen el poder?

Nuevamente, la balanza se pone a prueba. Las víctimas necesitan jueces independientes, tanto como los acusados necesitan un debido proceso. Una cosa no debe sacrificarse en nombre de la otra. Por eso, desacreditar jueces de manera sistemática, sin evidencias válidas, puede terminar debilitando eso que se dice defender, el Estado de Derecho.

Liderazgo y personalidad

Frente a este panorama, se aproxima la elección del nuevo presidente del Poder Judicial. Resulta importante el liderazgo y la personalidad del nuevo presidente que se elija, pues tendrá el reto de hacer frente al poder político y económico que busca avasallar la autonomía institucional y sobre todo quebrar la independencia de los jueces en su labor.

En este nuevo escenario, de copamiento de instituciones, de leyes abiertamente inconstitucionales y de un debilitamiento del Estado de Derecho, tendrá que transitar el nuevo presidente del Poder Judicial. Para ocupar ese cargo no solo se requiere méritos académicos, sino tener liderazgo y autoridad para dirigir la nave de la institución judicial hacia un escenario en el que se afirme el reparto, la separación y el ejercicio equilibrado del poder.

Ante las decisiones que toma la JNJ, muchos jueces se vienen preguntando, en su fuero interno, ¿qué pasará conmigo si mañana dicto una sentencia que incomoda al poder? Cuando un juez pierde su independencia, no se pierde a un juez, se pierde una parte de la protección que tenemos los ciudadanos frente al poder.

Siempre debemos recordar que la independencia judicial no existe para proteger a los jueces de los ciudadanos. Existe para proteger a los ciudadanos frente al poder. Es muy fácil defender la independencia de los jueces cuando sus decisiones coinciden con lo que el poder espera. La verdadera prueba aparece cuando un juez decide en sentido contrario; el caso Concepción Carhuancho es un ejemplo de ello.