Es responsabilidad del Estado, por Eliana Carlín

“Estaban jugando y se les fue de las manos”, fue la inaceptable frase —con aspecto de justificación— del padre de uno de los jóvenes involucrados con el doloroso caso de violación sexual ocurrido en un bus del colegio Liceo Naval de San Borja. Esta frase es reveladora de mucho de lo que vivimos en el país. Que una agresión sexual sea vista por un adulto como un juego que “se fue de las manos” es justamente lo que la educación sexual integral (ESI) busca combatir. ¿Dónde termina una “broma” y comienza la violencia?, ¿qué es el consentimiento?, ¿cuál es la mejor forma para la niñez de pedir ayuda si siente que hay señales de violencia que pueden escalar?, ¿cuál es nuestro rol como adultos si vemos una situación de riesgo entre menores de edad?, ¿y si vemos una situación de riesgo entre adultos?

Hace cuatro meses aproximadamente, la Resolución Viceministerial 085-2026-MINEDU, en aplicación de la Ley 32535, derogó los lineamientos de ESI y los cambió por una "educación sexual con base científica, biológica y ética". Si bien esta frase no suena mal, este cambio retiró el enfoque transversal de género como eje de la educación. El autocuidado, la prevención, los derechos, el consentimiento y demás temas importantes para la niñez y juventud quedan fuera. La paradoja es que la propia norma cita la cifra que la hace absurda: en 2025, los Centros Emergencia Mujer atendieron 21.609 casos de violencia sexual contra menores. Nueve de cada diez víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.

Por otro lado, es importante mencionar la estrategia de colocar nominalmente a las leyes etiquetas que no corresponden a la realidad. Le pusieron "científica" en el nombre. [Texto ilegible en el original]. Cochrane revisó 24 ensayos sobre programas escolares de prevención del abuso sexual, con casi 5.800 niños en siete países. Quienes recibieron esos programas sabían más sobre cómo reconocer el abuso y protegerse. Seis meses después lo recordaban, y era más probable que contaran lo que les pasaba. Los programas no aumentaron su miedo ni su ansiedad. La Guía Técnica Internacional de la UNESCO, avalada por varias agencias de Naciones Unidas, confirma lo que sus detractores no quieren oír: la educación sexual integral no adelanta ni aumenta la actividad sexual. En muchos casos la retrasa y la vuelve más protegida. Los programas que solo promueven abstinencia no muestran efectos.

Condorcanqui lo muestra con claridad que espanta. Un informe del Minedu registra 524 víctimas de violencia sexual cometida por personal educativo entre 2010 y 2024. Muchas son niñas awajún y wampis que vivían en internados, lejos de sus familias: unas tres víctimas al mes durante quince años. Prescribieron 195 casos. Esta semana, las mujeres awajún rechazaron en su congreso que se atribuya esa violencia a "prácticas culturales". Tienen razón: lo que se repite ahí no es la cultura, es la impunidad. Y la impunidad vive del silencio de niñas a quienes nadie enseñó que aquello tenía nombre ni que había a quién contarlo.

Nada de esto convierte a la ESI en una varita mágica. Tampoco permite afirmar que habría evitado lo ocurrido en un bus de San Borja o en Amazonas. Sí permite afirmar que ante la herramienta de prevención con más respaldo empírico, el Estado peruano eligió retroceder, citando en su propia resolución las cifras que cuestionan esa norma.

La pregunta, entonces, no es ideológica. Es si un niño de siete años tendrá las palabras para decir "esto que me hicieron está mal" y si habrá un adulto preparado para escucharlo.