Una arquitectura para una mejor conducción macroeconómica del Perú, por Santiago Roca

·*Miembro del G12, profesor-investigador de CENTRUM, PUCP.

En el artículo de La República del 7 de agosto pasado sostuve que el Perú se merece una mejor conducción macroeconómica: existe desincronización en los equilibrios macroeconómicos de corto plazo e inconsistencias entre los objetivos de corto plazo y aquellos de mediano y largo plazo. Por eso el Perú mantiene desde hace varios años cierta estabilidad de precios, pero muy alta informalidad, poco crecimiento, mala calidad de actividades económicas, poca productividad, extrema pobreza y poca inversión y empleo formal.

El MEF conduce la política fiscal, el presupuesto y la deuda, pero también se encarga con muchas debilidades de la programación económica y de inversiones; el BCRP preserva la estabilidad monetaria; y los ministerios atienden sus sectores. Está faltando una instancia que tenga como responsabilidad principal el mirar el conjunto y verificar que las decisiones de corto plazo sean consistentes con los objetivos de ahorro, inversión, empleo y productividad de mediano y largo plazo.

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Ese vacío se observa mejor cuando se juntan las cifras. El país puede registrar un elevado superávit externo y abundantes reservas mientras una parte del ahorro nacional no encuentra destino en inversión interna; puede reducirse la inflación con tasas de interés altas y, simultáneamente, encarecerse el crédito productivo; o puede cumplirse una meta fiscal comprimiendo inversión pública o acumulando rigideces futuras. Cada autoridad actúa dentro de su mandato y, sin embargo, el resultado agregado no es el mejor posible. Lo que falta, además de mejorar el desempeño de cada autoridad, es una función institucional de coordinación y consistencia del conjunto.

Una instancia de coordinación del conjunto construye escenarios comunes, proyecta la interacción entre variables, identifica incompatibilidades, enfrenta shocks, evalúa alternativas y advierte cuándo una decisión que mejora un equilibrio de corto plazo deteriora otro, o debilita el crecimiento futuro.

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Brasil ofrece un ejemplo útil de coordinación sin eliminar competencias. Tiene un Consejo Nacional que reúne al ministro de Hacienda, al ministro de Planificación y al presidente del Banco Central. Debajo funciona una Comisión Técnica integrada por altos funcionarios del Banco Central, Tesoro, política económica, planificación y mercado de valores. Cada institución conserva la conducción de sus competencias, pero en conjunto disponen de un espacio institucional donde confrontar supuestos, objetivos y consecuencias. La lección es sencilla: autonomía operativa y coordinación macroeconómica pueden coexistir.

Alemania muestra una vía complementaria. El Bundesbank es independiente, pero su presidente participa en las reuniones del gabinete en las que se aprueban el Informe Económico Anual y el proyecto de presupuesto, y sus técnicos participan en grupos sobre previsiones tributarias, ciclo económico y estabilidad fiscal. Además, el Consejo Alemán de Expertos Económicos analiza crecimiento, empleo, estabilidad de precios y equilibrio externo, e identifica conflictos entre esos objetivos. La autonomía, por tanto, no exige aislamiento; exige que la coordinación no se convierta en subordinación.

El Perú podría adoptar cualquiera de estas lógicas creando instancias de coordinación de alto nivel, no ejecutoras. Su responsabilidad sería formular escenarios y hacer consistente el corto con el mediano y largo plazo, analizar ahorro e inversión, empleo, productividad, calidad de las actividades económicas, dotación intertemporal de recursos, y evaluar si los precios relativos y las fuentes de financiamiento son compatibles con una trayectoria de crecimiento sostenible. El presidente de esta instancia debería tener voz en el Consejo de Ministros y responder directamente al presidente de la República. Las decisiones operativas continuarían en cada una de las instituciones competentes. La coordinación no aprobaría tasas de interés ni presupuestos, etc., pero haría visibles los costos y efectos cruzados antes de hacer recomendaciones.

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La Comisión Técnica que apuntalaría estas instancias coordinadoras debería trabajar con ocho grandes conjuntos de indicadores macroeconómicos: 1) sector real: PBI, consumo, empleo, ingresos y productividad; 2) sector público: ingresos, gastos, déficit, deuda y financiamiento; 3) sector monetario-crediticio: dinero, crédito, tasas y liquidez; 4) sector externo: exportaciones, importaciones, cuenta corriente, capitales, tipo de cambio y reservas; 5) sectores sociales, 6) fuentes y usos de fondos: quién ahorra, quién invierte, quién se financia y mediante qué instrumentos; 7) programa agregado de inversiones: pública, privada, APP y extranjera, con sus fuentes de financiamiento y destinos; y 8) matriz insumo-producto, para estimar cómo los cambios en demanda, inversión y exportaciones se transmiten entre sectores, importaciones, empleo e ingresos.

El valor de las interrelaciones obliga a que cierren simultáneamente. Si se proyecta más inversión, la tabla de fuentes y usos debe mostrar quién la financiará. Si aumenta el gasto, los cuadros fiscal, monetario y externo deben revelar sus efectos. Si crecen las exportaciones o entran más capitales, debe evaluarse qué ocurre con el tipo de cambio y la producción. Y si una política mejora la inflación o el déficit, debe conocerse también su efecto sobre crédito, inversión, empleo y productividad.

El Perú no necesita reducir la autonomía de sus instituciones existentes ni concentrar decisiones en una nueva burocracia. Necesita incorporar una instancia de coordinación y un Comité Técnico sin sustituir a quienes hoy deciden. La buena gobernanza macroeconómica no consiste en que todos hagan lo mismo, sino en que cada autoridad conozca cómo sus decisiones encajan en un programa coherente.

La creación de las 4 comisiones presidenciales que ha anunciado el gobierno: 1) informalidad y empleos productivos, 2) banca y mercados financieros, 3) inversión pública**,** y 4) evasión e impuestos; de enfocarse apropiadamente, podrían ayudar a mejorar la eficiencia y eficacia de cada una de las principales unidades ejecutoras: MEF, BCRP, ministerios, SUNAT, CEPLAN, SBS, SMV, etc. Falta ahora crear las instancias que permitan una mejor coordinación entre las autoridades de la programación económica, monetaria, social y productiva, y los objetivos macroeconómicos de corto versus aquellos de mediano y largo plazo.