Urge investigar reclutamiento de peruanos en Rusia

Los ciudadanos, en ejercicio de su propia libertad inherente a su propia ciudadanía, tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo algunas que implican riesgo extremo. De hecho, la participación de civiles en conflictos armados ajenos existe en el mundo y tiene una larga historia. Hay quienes lo hacen por convicción ideológica, como los voluntarios de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española. Hay quienes lo hacen por dinero, como los mercenarios que operan en distintos conflictos contemporáneos.

En el Perú, la Constitución permite que un ciudadano preste servicio militar en el extranjero siempre que cuente con autorización previa del Estado. Esta es la diferencia entre una decisión libre y un delito. Y esa diferencia es exactamente lo que parece estar pasando en el caso de los 459 peruanos enlistados con engaños en las fuerzas rusas.

La Cancillería peruana confirmó este domingo que once compatriotas han muerto, 114 permanecen desaparecidos y 3 han sido capturados por el Ejército ucraniano.

Al respecto, hay quienes entre los 459 eligieron enlistarse voluntariamente, atraídos por una paga que puede superar los 3,000 dólares mensuales, una suma inalcanzable en el mercado laboral peruano. Pero hay un grupo documentado de víctimas que creyeron ir a trabajar en construcción o seguridad privada y terminaron en el frente de combate. Una familiar lo dijo frente a la Embajada de Rusia en Lima con palabras que el Estado peruano debería escuchar.

Se sabe que algunas familias han presentado denuncias por trata de personas en abril. Sin embargo, estos expedientes duermen en la Fiscalía. La Cancillería emitió notas diplomáticas a Rusia sin recibir respuesta y solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para localizar a los desaparecidos.

El nuevo gobierno tiene dos agendas urgentes. La diplomática, que es presionar a Rusia con todos los instrumentos disponibles para obtener información sobre los desaparecidos. Y la judicial interna, que es desarticular las redes de captación que operan en el Perú con total impunidad.