La jubilación: la reforma pendiente del magisterio, por Flor Pablo Medina

*La autora es educadora y excongresista de la República (2021–2026).

Hace casi veinte años el Perú tomó una decisión trascendental para la educación: construir una carrera docente basada en la meritocracia. El ingreso por concurso público, las evaluaciones periódicas, los ascensos por desempeño y la formación continua marcaron un cambio profundo en la profesión docente y sentaron las bases de una de las reformas más importantes del Estado peruano.

Hoy esa política constituye uno de los principales consensos en educación. Sin embargo, toda reforma debe evaluarse no solo por aquello que logró, sino también por aquello que dejó pendiente. Y la reforma meritocrática del magisterio aún tiene una tarea inconclusa: la jubilación.

El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas para el Magisterio, el pasado 15 de julio, evidenció que los avances alcanzados en la actualización del padrón de docentes cesantes y jubilados y en la coordinación técnica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS no estuvieron acompañados de la decisión política necesaria para culminar el proceso. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no extingue la obligación del Estado. Por el contrario, corresponde ahora al nuevo gobierno culminar la reglamentación e implementar una ley que continúa plenamente vigente.

En el debate público, el primer cuestionamiento a esta ley ha sido su costo fiscal. Pero esa mirada resulta insuficiente. Toda política pública importante exige recursos. La verdadera pregunta es qué debe hacer un Estado cuando enfrenta una política pública que supone un desafío fiscal: ¿declararla inviable o asumir la responsabilidad de construir una implementación sostenible?

Creo que esa es la verdadera discusión.

La política de meritocracia docente comenzó durante la primera gestión del ministro José Antonio Chang (2006–2011), en el segundo gobierno de Alan García. Durante el debate parlamentario la Ley de Carrera Pública Magisterial en 2007, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas, entre ellos el hoy presidente del Consejo de Ministros, entonces congresista, Luis Galarreta, quien defendió una carrera docente sustentada en la meritocracia, con evaluación para el ingreso y la permanencia. Posteriormente, esta política fue consolidada con la Ley de Reforma Magisterial durante las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra (2011-2016), en el gobierno de Ollanta Humala, y sostenida por los gobiernos que les sucedieron. También ha resistido los intentos de contrarreforma impulsados durante el gobierno de Pedro Castillo y por un sector del Congreso en los últimos cinco años. Esa continuidad ha permitido que la carrera docente trascienda los cambios de gobierno y se consolide como una política de Estado. Hoy, más del 70% de los docentes de la escuela pública pertenece a la Carrera Pública Magisterial, una política que ha fortalecido el desarrollo profesional docente y constituye uno de los pilares para mejorar la calidad del sistema educativo.

Hoy cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben, en muchos casos, pensiones que fluctúan entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los docentes en actividad tiene entre 50 y 65 años, lo que anticipa una importante renovación generacional del magisterio y la necesidad de fortalecer la formación inicial de quienes ingresarán a la carrera docente. Pero esta transición también plantea un desafío ineludible para el Estado: responder con políticas públicas al creciente número de maestras y maestros que culminarán su vida laboral. Completar la reforma meritocrática supone asumir ambos desafíos de manera simultánea: preparar a las nuevas generaciones de docentes y garantizar que quienes dedicaron su vida a educar al país puedan culminar su trayectoria con una jubilación.

Un segundo cuestionamiento sostiene que reconocer una mejora en las pensiones del magisterio abriría un precedente para todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, este argumento parte de una premisa equivocada: la Carrera Pública Magisterial es una carrera pública especial, basada en el mérito, y no puede equipararse a otros regímenes laborales del Estado. Precisamente por esa naturaleza, la respuesta previsional también debe ser coherente con la trayectoria profesional que el propio Estado exige a los docentes. Si durante 25 o 30 años se demanda ingreso por concurso, evaluaciones permanentes, ascensos por desempeño y formación continua, esa lógica no puede desaparecer cuando concluye la vida laboral. La jubilación no es un beneficio adicional: es la etapa final de la carrera docente.

Un tercer cuestionamiento sostiene que la ley pretende que los docentes se jubilen con la misma remuneración que percibían al finalizar su carrera. Esa afirmación tampoco corresponde al contenido de la norma. Por el contrario, la ley adopta un criterio de equilibrio entre mérito, justicia social y sostenibilidad fiscal al establecer como referencia únicamente la remuneración correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Se trata de un piso previsional, no de una equiparación de ingresos. Su propósito es garantizar que quienes dedicaron décadas al servicio de la educación concluyan su trayectoria con un nivel mínimo de protección, coherente con la carrera meritocrática que el propio Estado les exigió construir.

El propio Estado peruano ha demostrado que, cuando considera prioritaria una política pública, también encuentra mecanismos para financiarla. Este año se aprobó una reforma del régimen pensionario del personal militar y policial que permitirá que sus pensiones correspondan al 100% de la remuneración consolidada según el grado alcanzado en actividad. Se estima que esa decisión demandará una inversión cercana a S/ 14 mil millones, aproximadamente el triple de lo que requeriría garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los docentes jubilados.

No se trata de cuestionar esa decisión. Quienes sirven al país desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una protección previsional adecuada. En ese mismo sentido, el Estado debe asumir el compromiso de completar la reforma meritocrática del magisterio, garantizando una pensión mínima acorde con la carrera meritocrática.

Actualmente, el Estado destina alrededor de S/1.500 millones al pago de pensiones docentes. Además, cerca de 500 mil maestros en actividad aportan al sistema previsional y contribuyen al financiamiento del Estado mediante el impuesto a la renta de quinta categoría. Culminar esta política requerirá recursos adicionales, pero, sobre todo, la decisión política de asumirla como una prioridad de Estado.

Las alternativas existen y son técnicamente viables. Muchas de ellas han sido planteadas por las propias organizaciones de docentes cesantes y jubilados, quienes no solo han demandado el cumplimiento de la ley, sino que también han formulado propuestas para hacer viable su implementación. Entre ellas destacan la revisión de exoneraciones tributarias cuya eficacia ya no se justifica, el fortalecimiento de la recaudación y una mejor priorización del gasto público.

Al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori le corresponde culminar la reglamentación e implementar una ley vigente, construyendo una ruta técnica y fiscalmente sostenible para hacerla realidad. Al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Diputados, le corresponde ejercer una fiscalización rigurosa y promover los acuerdos políticos necesarios para su implementación. Ambos poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de convertir una ley vigente en una política pública efectiva. Ese es el verdadero desafío de quienes gobiernan y de quienes legislan.

Hace casi veinte años el Perú apostó por una carrera docente basada en la meritocracia. Hoy el desafío no es iniciar una nueva reforma, sino culminar una política de Estado que quedó inconclusa. Solo así la carrera docente será coherente desde el ingreso hasta el retiro y el Perú habrá fortalecido una de las políticas públicas más importantes del sistema educativo.