Un juez con 8 investigaciones sigue en funciones

La semana pasada este diario documentó cómo la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema enfrenta procesos disciplinarios de la JNJ por aplicar tratados internacionales de derechos humanos. Esta semana, el mismo sistema de control que persigue a esos magistrados permite que Juan Gustavo Varillas Solano siga sentado en el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima. La diferencia entre ambos casos dista mucho de ser meramente jurídica.

El magistrado Varillas acumula ocho investigaciones penales documentadas por el Ministerio Público, por delitos que van desde prevaricato y cohecho hasta lavado de activos y tráfico de influencias. Está mencionado en audios de los Cuellos Blancos donde el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyo en su ascenso. Ha dictado medidas cautelares que paralizaron cobros de cartas fianza en obras de salud por cientos de millones de soles, con contracautelas de montos irrisorios que la Procuraduría cuestionó en reiteradas oportunidades.

Si bien fue suspendido seis meses en 2024, regresó al mismo juzgado. Hoy, lamentablemente, sigue dictando resoluciones de alto impacto económico “afectando, sobre todo, la estabilidad jurídica, imprescindible para hacer empresa”. ¿Todo esto mientras otros jueces han sido suspendidos por cantar en un evento privado?

Hasta el momento, la Autoridad de Control del Poder Judicial y la JNJ han guardado silencio frente a este historial. No porque el sistema judicial peruano sea incapaz de actuar, sino porque en este caso concreto no ha querido hacerlo.

El Perú tiene jueces que resisten presiones y fallan con independencia, como ha documentado este diario. Y tiene también mecanismos de control que seleccionan a quién persiguen y a quién dejan operar. Esa selectividad es lo que este caso pone en evidencia.

Un juez con ocho investigaciones penales en funciones no es un problema del Poder Judicial. Es un problema de quién decide a quién se investiga y a quién se deja operar. Claro que es posible si la justicia decide ser explícitamente selectiva.