Un nuevo atropello a la cultura

El Congreso saliente aprobó en sus últimas semanas la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. La iniciativa, impulsada por la bancada de Perú Libre, se presenta como un paso hacia la profesionalización del sector. La comunidad artística, sin embargo, denuncia que el proceso prescindió de su participación y que el resultado termina excluyendo a la mayoría de quienes hoy sostienen la creación cultural del país.

El problema central está en el requisito de acceso. La norma exige título universitario para integrar el colegio, lo que deja fuera a actores, dramaturgos, músicos y artistas plásticos formados en talleres, colectivos o de manera autodidacta, una tradición tan antigua como el arte peruano mismo.

Al respecto, reconocidas voces del mundo artístico, como Mónica Sánchez, han pedido públicamente la derogatoria de la ley, junto con teatros y centros culturales que exigen una mesa de diálogo real antes de cualquier marco regulatorio.

De hecho, la preocupación trasciende lo artístico. La norma también impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales, una disposición que organizaciones como el colectivo En Defensa del Cine Peruano interpretan como una puerta abierta para bloquear la participación de opositores políticos bajo una fórmula aparentemente técnica.

La congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, ha calificado el proyecto de excluyente, en parte porque fue aprobado por la Comisión de Educación y no por la suya.

Lamentablemente, este patrón se repite. Cineastas que ya enfrentaron intentos regresivos en este último quinquenio, como la ley anticine propuesta por la parlamentaria Adriana Tudela, de Avanza País, advierten que este tipo de iniciativas avanzan precisamente cuando la atención pública está puesta en otro lugar, como ocurrió en plena segunda vuelta presidencial. Es decir, de contrabando.

El nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad de revisar esta ley y otras disposiciones con la comunidad artística sentada en la mesa, no como espectadora de decisiones ya tomadas. La libertad de creación es un derecho cultural inalienable que el Estado puede fomentar sin pretender, como en las dictaduras, ordenarlo ni supervisarlo.