Una campaña de desinformación en marcha para anular las elecciones

Una semana después de los comicios, el proceso electoral atraviesa no solo tensiones políticas habituales, sino que ha irrumpido una campaña sistemática de desinformación que busca erosionar su legitimidad y abrir paso a su eventual anulación. Se trata de una estrategia que, paso a paso, instala dudas, distorsiona hechos y prepara el terreno para invalidar el veredicto de las urnas.

Esa estrategia toma forma en la práctica cotidiana del proceso. Las primeras dudas se dirigen contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuya labor empieza a ser cuestionada de manera recurrente en el espacio público. A partir de ahí, cada falla logística deja de leerse como una contingencia propia de una elección compleja y pasa a integrarse en un relato más amplio. En esa construcción, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cumple un papel central al sobredimensionar esos fallos y alterar la comprensión del proceso en sus seguidores.

Vale afirmar que si bien existe un escalamiento exagerado, ello no cancela las responsabilidades que correspondan ya que cualquier negligencia dentro de la organización electoral exige una investigación célere, lo que debería derivar en consecuencias administrativas o penales. Pero la amplificación sistemática de errores, convertidos en prueba de una supuesta manipulación, termina por configurar un escenario donde la percepción pretende pesar más que la evidencia.

En paralelo, el clima se intensifica con la circulación de versiones sobre una posible detención de Piero Corvetto en pleno conteo de votos. El momento en que aparece esa posibilidad no es accesorio. Se trata de la etapa en la que la ONPE conduce el escrutinio y garantiza la continuidad del procedimiento. La eventual salida de su jefe en ese punto implicaría

una interrupción directa en la conducción del sistema, con efectos inmediatos sobre la cadena de validación de los resultados. La consecuencia no sería solo operativa. La percepción de integridad del proceso se vería comprometida de manera instantánea, y con ella la confianza pública en el resultado.

La resolución de actas observadas dentro de un calendario que extiende el tiempo de definición. Ese margen, además de prolongar la incertidumbre, abre espacio para que las narrativas de desinformación encuentren terreno fértil. Cada día adicional sin un cierre claro se con

En ese escenario, la elección ahora se juega en dos planos. En el conteo eficaz y transparente, y en la confianza basada en la ley y diligencia y eficacia procesal. Por ello, la ciudadanía debe estar advertida de que un plan que busca ir en contra de estos criterios democráticos básicos está en marcha.