El Fujimorismo se saca la careta

La escena del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, flanqueado por altos mandos policiales, es una declaración política en toda regla. Que a través de un video institucional haya anunciado coordinaciones operativas en vísperas de una movilización nacional convocada por la Generación es la revelación de dónde reside hoy el poder efectivo en el Perú el cual, por supuesto, no está en el presidente que han colocado totalmente sometido al pacto de gobierno.

Fuerza Popular y sus aliados, que hace apenas semanas prometieron no presidir ni el Gobierno ni la transición, actúan ahora como el auténtico poder gobernante, incluso sometiendo a quienes fueran previamente partes de las decisiones autoritarias previas a la expulsión de la presidenta Dina Boluarte hace poco más de un mes.

Dictan la narrativa sobre orden público, intentan fijar los límites de la protesta, toman la palabra —y el mando simbólico— allí donde el artículo 167 de la Constitución reserva prerrogativas exclusivas al presidente de la República. En pocas palabras, ya no se trata del legislativo sino del fujimorismo campeante gobernando el país en plena época electoral.

Y no es casual que esta coreografía institucional se despliegue justo antes de una movilización juvenil. La Generación Z constituye hoy el sujeto político más inquietante para el establishment autoritario que intenta a como dé lugar mantenerse en el poder, incluso tras los próximos comicios. De allí que se la busque intimidar preventivamente, construyendo un relato que normaliza la represión como gesto de defensa institucional.

Más alarmante aún es la inversión de prioridades que revela esta conducta. Mientras el país se desangra por la inseguridad, el bloque parlamentario que controla la agenda prefiere concentrar su energía política en contener las expresiones ciudadanas antes que en enfrentar el crimen organizado.

El país debe observar con lucidez este proceso. Hoy el Perú asiste a un reordenamiento silencioso pero profundo, en el que un Congreso sin legitimidad social pretende ejercer potestades ejecutivas sin asumir las responsabilidades constitucionales que dichas funciones conllevan.

Esta es, en suma, la verdadera cara del poder actual: un autoritarismo parlamentario en gestación, que avanza bajo la coartada del orden y se consolida gracias a la debilidad del Ejecutivo.