Autoritarismo electoral en marcha

Los homicidios continúan cobrando víctimas en el país. Según la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 75% de los peruanos se ve afectado por la violencia delictiva que impera en el territorio. Esta realidad golpea, con particular crudeza, a los sectores más vulnerables, quienes habitan un Estado que les ofrece miedo en lugar de protección.

Frente a esta dramática situación, el bloque conservador del Congreso que ha colocado y sostiene al presidente José Jerí recurre a gestos absurdos. El Ejecutivo ha ordenado que las instituciones públicas canten el himno nacional e icen la bandera como supuesta medida para combatir la criminalidad. Ante la evidente ineficacia de estas acciones, las críticas son sistemáticamente descalificadas por el mandatario, sus aliados parlamentarios de la coalición de bancadas que gobierna y numerosos troles en redes sociales, bajo el argumento de que provienen de sectores “que no sienten apego a la patria”.

Mientras, los congresistas, que fungen de oficialistas y suscriben ese discurso, legislan para restringir los derechos ciudadanos. Así, plantean un proyecto de ley que pretende dictar penas de hasta diez años de prisión para quienes oculten su rostro durante las protestas, las cuales, dicho sea de paso, son reprimidas de forma abusiva con una cantidad ingente de bombas lacrimógenas que afectan a quienes salen a movilizarse en libertad.

Estas iniciativas se suman a un corpus normativo reciente que busca criminalizar la disidencia y coartar la expresión ciudadana, incluyendo campañas ciudadanas como #PorEstosNo, que se ven amenazadas por la posibilidad de sanciones penales. La estrategia es fundamentalmente intimidar al descontento social, reducir la participación política y consolidar un espacio electoral seguro para quienes detentan el poder, y peligroso para quienes estén en contra del desastre político actual.

Hoy, los ciudadanos se movilizarán ejerciendo pleno derecho constitucional a la protesta, recordando que ninguna medida simbólica ni norma represiva puede sustituir la acción real frente a la violencia, la inequidad y la exclusión. Tanto el presidente Jerí como quienes, por cierto, insisten en candidatearse en los siguientes comicios deben recordar que, si de verdad quieren defender a la patria, tienen que comenzar por garantizar derechos, y no por criminalizar a quienes los ejercen.