La historia no se borra ni se distorsiona, por Marisol Pérez Tello

La llamada ley de amnistía y el debate que genera buscan distorsionar la historia. Recordemos:

¿Qué es un terrorista? Un sanguinario que usa a los pobres y termina asesinándolos. Viola mujeres, masacra comunidades, asesina inocentes, como en Lucanamarca, Soras o Tarata, entre muchos más. Su lugar es la cárcel.

¿Quiénes son las víctimas? La ley reconoce como víctimas a quienes sufrieron daños como violaciones, torturas, ejecuciones, desaparición forzada por acciones terroristas o violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. Pero es tajante: no son víctimas los procesados (hasta definir su situación) o sentenciados por terrorismo ni los condenados por violar derechos humanos.

¿Por qué hay sentenciados del Ejército o la Policía? En más de 150 casos existen malos policías y militares condenados por atrocidades: masacres como Accomarca o Cayara, los crímenes del Grupo Colina en Barrios Altos y otros como Cabitos. Deben cumplir sus penas. Si alguno está enfermo, se puede aplicar arresto domiciliario, nunca borrar la condena.

¿Por qué, después de 30 o 40 años, más de 600 casos siguen sin sentencia? La respuesta es clara: por falta de recursos y de voluntad política. Mientras no se invierta en investigación, identificación de restos y pruebas de ADN, y se mienta con leyes inaplicables, la verdad seguirá oculta y las familias seguirán esperando justicia. Así, empezaremos una y otra vez.

¿Qué debe quedar claro? Los terroristas son delincuentes. Los malos agentes del Estado que violaron derechos humanos también lo son y mancharon el uniforme. Las víctimas merecen memoria, justicia y reparación. Los buenos agentes del Estado, honor y gloria, no confusión ni impunidad.

El Perú necesita la verdad. Necesita que distingamos a las víctimas de los victimarios. Solo así evitaremos repetir la historia.