¿Por qué Nicanor Boluarte quedó libre?

La marcha atrás en materia de lucha anticorrupción es la constante en el Gobierno de Dina Boluarte. Es ostensible que desde el poder se protege a los involucrados en casos de presunta corrupción que se habrían realizado durante la vigencia del régimen (el caso de Nicanor Boluarte y Los Waykis en la Sombra) o en relación con sus socios políticos como Keiko Fujimori y los otros inculpados por el caso Cócteles, que se ha declarado nulo y retrocedido a la etapa intermedia.

El papel jugado por el Tribunal Constitucional, elegido por una mayoría en el Congreso que hoy forma parte del pacto gobernante, deja en claro que la justicia está engarzada a los juegos de intercambios de favores que constituyen la base del propio pacto. Proviene de allí su actuar completamente coherente con el contexto. Hay una cúpula que gobierna con el 3% de los simpatizantes entre la población, pero eso no parece preocuparle. A contracorriente de la voluntad popular, el bien común y  la justicia para todos; va cosechando aliados entre los promotores de negocios ilícitos, leyes procrimen y fórmulas políticas que     navegan en la ciénaga de sus intereses particulares.

El hermano de la presidenta tenía una orden  de prisión preventiva por 36 meses que debía cumplir porque, a juicio del magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, no había garantías en su caso y en el de los otros ‘waykis’, que afrontarían el proceso y colaborarían con las investigaciones. Tal como ocurrió porque, apenas conocido el resultado de la audiencia, desaparecieron de la vida pública y se escondieron de la justicia.

¿Esta resistencia a la orden judicial afectó en algo su situación, como normalmente debería ocurrir? Contra todo pronóstico, no.

Ayer fueron favorecidos por la Quinta Sala Penal de Apelaciones, que declaró improcedente la detención preventiva y se la cambió por comparecencia simple, lo que los devuelve a la libertad sin siquiera un llamado de atención. Cosas de la política, sin duda.