El tema del salario mínimo es un claro indicador de la informalidad del país. El 75% de la población peruana en edad de trabajar tiene un empleo informal, o sea, sin derechos laborales. Puede tratarse de personas que son empleados por un empresario informal o de aquellos que se ganan la vida por “cuenta propia”, ya sea con “cachuelos” o vendiendo mercancías en cualquier esquina de la ciudad.
El propio Estado es informal. Pareciera que se trata de la vieja fórmula del tren macho de Huancayo a Huancavelica, “sale cuando quiere y llega cuando puede”.
El salario mínimo puede estar congelado varios años y, de repente, se reactiva. Puede ser en momentos de crisis política, como en el 2018, antes de la renuncia de PPK. O, también, en momentos de entredicho político en el que el tren ni siquiera salió de la estación.
No sucede lo mismo en los países de la OCDE. Como dice un reciente informe, 30 de los 38 países que lo integran tienen organismos específicos que lo determinan (1). En Estados Unidos, por ejemplo, cada Estado determina su fórmula. En Alemania, el salario mínimo se aprobó hace 6 años. También hay salario mínimo en España, Reino Unido, Corea del Sur y Canadá. En Francia, el salario mínimo (SMIC) se revaloriza automáticamente cada Primero de enero tomando en cuenta la inflación y el Índice de salarios de obreros y empleados.
México, Chile, Costa Rica y Colombia están en la OCDE. Todos tienen organismos que determinan el salario mínimo, generalmente con participación tripartita (trabajadores, Estado y empresarios) y con fórmulas que toman en cuenta la inflación y la productividad.
En México la Ley Federal de Trabajo de 1970 establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que lo determina con periodicidad anual. En Chile el informe va todos los años al Congreso en diciembre y se aprueba por Ley. En Colombia, una tripartita lo discute cada año y se lo presenta al Presidente de la República. Si no hay acuerdo en la Tripartita, el presidente determina su monto.
No sucede en el Perú, como hemos visto, a pesar de que desde el 2007 existe la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), una fórmula que toma en cuenta la inflación y la productividad, así como una periodicidad de dos años. Pero ha quedado en nada, a veces por discrepancias del sector empresarial y/o porque los sucesivos gobiernos no lo han implementado.
Esta informalidad del Estado peruano es selectiva, porque en temas que sí interesan a la ortodoxia existen reglas claras. Es el caso de las reglas fiscales: el déficit fiscal tiene metas precisas, así como también el nivel de deuda pública (no puede superar el 30% del PBI). Hace poco el Gobierno ha solicitado facultades legislativas al Congreso para modificarlas.
El último aumento del salario mínimo se dio en abril del 2022, cuando subió de 930 a 1025 soles mensuales. Pero desde esa fecha hasta hoy, debido a la inflación, ese poder adquisitivo ya se perdió. Solo para recuperar la inflación, el salario mínimo debería aumentarse a 1,130 soles.
Dice Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, que si se aplicaran los criterios de inflación y productividad, el sueldo mínimo debería estar en S/1.168, junto a la actualización dada por la OIT” (La República, 23/7/2024). Dicha cifra se aplica en relación con el salario mínimo de 1,025 soles de abril del 2022. Pero, dice Cuadros, si se aplicaran los criterios técnicos del CNT del 2007, el salario mínimo debería ser S/1,249 soles mensuales. El retraso es grande.
No hay, entonces, ni institucionalidad, ni previsibilidad. No hay institucionalidad porque si bien está la CNT con la participación tripartita del Estado, los empresarios y el Gobierno, en los hechos no funciona porque no tiene las facultades para establecer una discusión organizada a nivel del Gobierno. Y por eso mismo tampoco hay previsibilidad.
A eso se ha referido hace poco Julio Velarde, presidente del BCR: “Los ajustes deberían realizarse en intervalos regulares y basarse en criterios predefinidos y transparentes, de manera que no se hagan antes de las elecciones o en momentos de debilidad política, de manera que haya mayor predictibilidad y estabilidad, tanto para los trabajadores, como para los empleadores” (Gestión, 21/6/2024).
Otro de los argumentos recurrentes es que “el momento no es bueno” para aumentar el salario mínimo, debido a que en el 2023 hubo una recesión y que su alza afectaría sobre todo a los empresarios informales y sus trabajadores. Pero “tampoco era el momento” cuando hubo alto crecimiento económico debido al superciclo de precios de las materias primas. Y recordemos también que ese crecimiento no redujo la informalidad, que siempre se mantuvo alrededor del 75% del empleo en el Perú. Ciertamente, en el sector informal, que se concentra en servicios, comercio y agricultura, la productividad es baja.
Pero la salida no va por echarle la culpa al salario mínimo y mantenerlo inmóvil. La cuestión es que el modelo económico (con superciclo y todo) generó una estructura productiva que aumentó la economía dual (formal/informal) pues las reformas del modelo llevaron a la creación de una economía altamente productiva con actividades y empresas y de clase mundial, a la vez que con un alto crecimiento de la informalidad en el mercado laboral (2).
A lo cual debemos agregar que la informalidad también está dentro del sector formal. De acuerdo con data proporcionada por Javier Herrera, con base en la Encuesta Nacional de Hogares del INEI del 2023, las empresas grandes, con más de 500 trabajadores, suman un total de 916.000 empleos, de los cuales el 8,9% son informales. El número de informales es mayor en las empresas formales más pequeñas que emplean hasta 20 personas: de los 2.4 millones de trabajadores, el 73% es informal.
Como se aprecia, cuando en el Perú se trata el tema del salario mínimo, se dice que no tiene lugar “porque se trata de una imposición del Estado”. Ese planteamiento va a contramano de lo que sucede en el mundo y en nuestros vecinos, como hemos visto.
Mención especial merece el maltrato a los trabajadores peruanos, formales e informales, debido a la negación de la institucionalidad y la previsibilidad, que son parte clave, no solo del planeamiento económico sino, principalmente, de la dignidad de los trabajadores. Asimismo, el tema del salario mínimo es el síntoma, pero no la enfermedad misma, cuyo origen está en la incapacidad del modelo económico de absorber la necesaria mano de obra y, para peor, con el hecho que el pronóstico de crecimiento potencial del PBI peruano es de apenas 2,5% para los próximos años (2).
En Huancavelica se plantea modernizar el “tren macho” y ya hay 3 postores. Lo mismo debiera pasar con el salario mínimo para que salga y llegue cuando debe, para estimular el crecimiento económico y la dignidad de los peruanos. Es probable que el 28 de julio tengamos anuncios para la platea, pero que no vayan al fondo del asunto.
1) OCDE, Perspectivas del empleo 2024, www.oecd.org.
2) Campodónico (22 de diciembre del 2023), “No solo importa crecer, sino cómo creces”. La República. https://shorturl.at/5GSGy.