Un congreso cómplice del terrorismo, por Augusto Álvarez Rodrich

El nuevo atentado en Pataz, en el que presuntos mineros ilegales mataron a una persona y dinamitaron dos torres enMinera Poderosa, es otra expresión de poder del crimen organizado, que tiene la complicidad de personas dentro del estado peruano, empezando por los congresistas, que abiertamente defienden los intereses de estas mafias mediante la creación y protección de normas que promueven su impunidad.

El atentado terrorista ocurrió ayer cuando estos delincuentes llegaron a la zona y dinamitaron dos torres de alta tensión que alimentan de energía a dos bocaminas de la mina, luego de lo cual intentaron capturar dos galerías, pese a que en la zona ya hay 300 integrantes de la policía y del ejército que se suman a más de 1.000 trabajadores de la minera que se dedican a la seguridad.

La policía señala que no se trata de un ataque ‘terrorista’, pues esta denominación se aplica a las acciones que buscan una toma política y una expresión de ejercicio de poder, pero la verdad es que la reiteración de estos hechos criminales —con las dos derribadas ayer ya suman 14 las torres dinamitadas en ese espacio— implica una pretensión de establecer un dominio en una zona que consideran ‘liberada’.

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Y cuando se habla de torres dinamitadas no se puede obviar que, hace menos de un mes, el congreso derogó la norma promulgada antes por el ejecutivo que autorizaba a la policía a detener el tráfico de dinamita de la minería ilegal, la cual suele camuflarse de artesanal. Para ello, cuentan con el salvoconducto del Reinfo, un esquema que se creó para formalizar a la minería informal, pero que usa como biombo para que esta rama de la criminalidad se desenvuelva con total comodidad.

La minería ilegal también suele ser protegida por sectores políticos que creen que toda movilización social es una expresión del avance popular, pero eso es un craso error, pues esta actividad ya es más importante en términos económicos incluso que el narcotráfico y genera ganancias elevadas que permiten comprarse a los congresistas que hagan falta para que aprueben normas como las que les dejan a estos criminales movilizarse con tranquilidad con la dinamita que necesitan para sus ataques terroristas sin que la policía los pueda detener.