Destrabar las inversiones según el gobierno de Dina Boluarte, por Paul E. Maquet

Una vez más, el gobierno de Dina Boluarte anuncia que va a “destrabar” las inversiones reduciendo la “tramitología” ambiental. Un discurso indistinguible de lo que siempre repiten los voceros de las empresas mineras. Los anuncios del gobierno son casi una copia textual de las demandas del gremio empresarial o de cualquier declaración en los pasillos de Perumin.

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Pero lo sorprendente es que quien ha salido a hacer este anuncio no es el ministro de Energía y Minas, cuya función sí es promover las inversiones extractivas; o quién sabe, el ministro de Economía, cuya función es hacer que la economía se mueva. No, el anuncio lo ha hecho el ministro de Ambiente, cuya función es precisamente… ¡proteger el ambiente!

El ministro Juan Carlos Castro afirma que hay unos 21 mil millones de dólares de inversiones “trabados” por los trámites ambientales. Como si se tratara de requisitos antojadizos y arbitrarios que solo obstaculizan las sacrosantas inversiones. Señor Castro: esos pesados papeleos formales que tanto molestan a los inversores son lo poco se ha avanzado para que, al menos, haya alguito más de respeto por el ambiente.

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¡Usted debería ser el primero en defender la rigurosidad de los procedimientos de certificación y fiscalización ambiental! Rigurosidad que, obviamente, toma su tiempo. Ya se han “acelerado” los trámites sucesivamente en los últimos años, aprobando paquetazos, creando instrumentos como los ITS de aprobación automática, estableciendo plazos cada vez más cortos para que los funcionarios evalúen los proyectos y más restricciones para que hagan preguntas y repreguntas. ¿Y vamos a seguir acortando los plazos?

¿Qué quieren? ¿Volver a la época en que no había “tramitología” y los inversionistas eran libres de actuar irresponsablemente porque no existía la autoridad ambiental? Tenemos amplia experiencia en ello. Allí están los pasivos mineros de Cerro de Pasco, la contaminación de La Oroya, las catástrofes ambientales de los lotes petroleros 8 y 192 que el Estado no tiene plata para remediar. Aún hoy estamos pagando las consecuencias de pasivos generados hace décadas. ¡Ojalá hubiera habido trámites y procesos ambientales rigurosos y sanciones drásticas en esas épocas!

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El ministro se ha quedado en el siglo antepasado en lo que a ambiente y economía se refiere. Hoy, en el siglo XXI, debemos entender que la economía no se puede mover a costa de dañar el ambiente, porque todo daño ambiental es al mismo tiempo un daño económico. Un costo económico que vamos a tener que pagar.