Percepción de la corrupción, por Humberto Campodónico
"¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción (que sucede hoy en Perú)? Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos y la convivencia en democracia”.
En su última edición, la revista inglesa The Economist trae un largo reportaje sobre la corrupción en América Latina, tomando cifras elaboradas por Transparencia Internacional (TI). Las noticias no son nada halagüeñas para el Perú, pues en el 2023 estamos en el puesto 121 de 180 países analizados. En solo un año, hemos bajado 20 puestos en el ranking, pues en el 2022 estábamos en el 101. Y si vamos un poco más lejos, encontramos que en el 2012 estábamos en el puesto 83; o sea, la caída es de 38 puestos, nada menos.
Comparados con nuestra vecindad, en el 2023 estamos mejor que Guatemala y Venezuela, que están en los puestos 154 y 177, respectivamente. Pero por delante del Perú están Colombia (87), Argentina (98), Brasil (104, cayó 10 puestos) y Ecuador (115). Uruguay es el mejor rankeado (puesto 16), seguido de Chile (29).
He dejado para el final la data sobre El Salvador, pues aparece en el puesto 126, por debajo de Perú. Se podría pensar que, bajo Bukele, la corrupción habría descendido pues se tiende a asociarla con la delincuencia, que eso son las “maras salvatruchas”, la mayoría actualmente en prisión.
La cuestión es que el índice de TI mide la percepción de la corrupción solo en el sector público, a través de encuestas dirigidas, esencialmente, a empresarios y “expertos”. En su elaboración se toma en cuenta data del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial (Davos) y consultoras independientes. Se pregunta sobre las coimas y la apropiación indebida de fondos públicos. Y también si hay una persecución efectiva de los acusados, en marcos legales adecuados, donde haya protección a los denunciantes y a la prensa.
Eso está bien. Nos dice qué piensa el sector empresarial acerca de la corrupción en el sector público. Pero es también importante saber qué es lo que piensa la población acerca de esos mismos temas.
El monitoreo de la gobernanza
Como sabemos, las ENAHO, realizadas anualmente a más de 35.000 hogares, “normalmente” preguntan sobre las condiciones de vida y pobreza de la población para generar indicadores que permitan conocer la realidad económica o social de los hogares del Perú. También se hacen preguntas sobre los programas sociales de alimentos y los programas de transferencias monetarias (como Juntos y Pensión 65). De allí salen los indicadores de pobreza.
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Pero desde el 2001, cuando comenzaba la transición a la democracia, el INEI decidió incorporar a las ENAHO módulos de Gobernanza y Democracia, que incluyen preguntas sobre corrupción, falta de empleos, calidad de los servicios educativos, entre otros.
En estas encuestas encontramos las respuestas de la población peruana, por sectores, por niveles de ingresos, sexo y edades. Las respuestas son directas, a diferencia de las encuestas de percepción de TI. Incluyen, además, no solo la percepción de la corrupción en el sector público, sino de la corrupción en todos sus niveles.
Dice Javier Herrera: “Hay que distinguir entre la gran corrupción que afecta a la clase política (en particular el escándalo Odebrecht que estalló durante este período) y la pequeña corrupción que tiene un impacto directo en los hogares”. Y agrega: “Si bien la gran corrupción había sido objeto de mucha atención, con el enjuiciamiento y encarcelamiento de muchas figuras políticas del régimen anterior, hasta ahora se había pasado por alto relativamente la corrupción menor.
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No se ha puesto en marcha ningún mecanismo serio para hacer frente a la pequeña corrupción. Es esta forma de corrupción la que afecta a la población a diario, ya que las personas solo pueden acceder a los servicios públicos si ofrecen “regalos” y otros sobornos a funcionarios de nivel inferior o medio poco delicados, de los que son víctimas” (1).
Como conclusión de la “encuesta directa”, la percepción de la corrupción y la del crimen aparecen como los mayores problemas del país, por encima de aquellos que “normalmente” son los más importantes: empleo, pobreza, inflación. Da para un análisis de fondo, sobre todo si tomamos en cuenta que son 35.000 los hogares encuestados, 20 veces más que los considerados en las encuestas habituales.
Más allá de la forma con que se mida la corrupción, queda claro que, junto con la inseguridad, constituyen los problemas mayores. Y coinciden de manera directa con la caracterización de “país fracturado”, con tres economías: la formal, la informal y la delictiva. Es esta última la que causa mayor preocupación a la población. Ciertamente, la corrupción mayor está asociada al sector formal, de cuello blanco. Pero también afecta a la mayoría de la población.
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El dilema de América Latina
Volviendo al principio. El fondo de la cuestión, dice The Economist (ya no TI), es que los avances en la lucha contra la corrupción de mediados de la década pasada están atravesando un “volteretazo”. Y da como ejemplo los casos de Brasil, Perú, Honduras, México y Guatemala, entre otros.
En Brasil, las investigaciones sobre Lava Jato y Odebrecht se han cambiado por su contrario. Hace poco el juez supremo José Dias Toffoli suspendió el pago de una multa a la empresa J&F —que ya había aceptado haber coimeado a funcionarios— diciendo que “había dudas razonables de que esos acuerdos hubieran sido firmados voluntariamente”.
Y añadió: “Los jueces que administran esas causas podrían haberse coludido con los fiscales”. En el Perú, en el Congreso “se va a votar si se remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que designa a los fiscales y jueces, a pesar de que numerosos legisladores están actualmente siendo investigados por corrupción”.
¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción? Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos de la sociedad y la convivencia en democracia. Y esto se hace con un Congreso y un Poder Ejecutivo que buscan la sobrevivencia, con tan solo aprobaciones del 8% al 10%. Agreguemos, no solo la sobrevivencia, sino la impunidad y la posibilidad de continuar con sus “privilegios”. Para ello, tienen en mente controlar el JNE y la ONPE para “evitar” candidaturas que les sean “inapetentes” y quedarse en el poder (lo que no es gobernar) más allá del 2026.
El antiguo régimen de los 90 no ha aprendido nada ni olvidado nada. Dice The Economist: “Han estado ganando batallas”. Pero deben tener cuidado. En una encuesta nacional publicada el 3 de marzo, una pluralidad de brasileños dijo que Lava Jato fue cerrada debido a intereses políticos. El 74% de los encuestados cree que las recientes decisiones de la Corte Suprema “fomentan la corrupción” (ídem).
Lo mismo sucede aquí, donde seguimos cayendo en la percepción de la corrupción, tanto en la encuesta de TI como en la de la ENAHO. Lo que falta es pasar de la percepción a la acción, antes que sea muy tarde.
Referencias
1) Javier Herrera (et al), Midiendo la gobernanza, la democracia y la participación: Lecciones de dos décadas de experiencia en el Perú, 2022