En la investigación científica, y en general en la ciencia, se construye (o se debe construir) a “hombros de gigantes”. Se aprovecha de lo que hayan realizado otros investigadores / científicos previamente, de esta manera sirve de base para seguir con los procesos de investigación.
En el Perú se realiza investigación científica, en las áreas de ciencias exactas, en ciencias naturales y en ciencias sociales. Mucha de esta investigación se aplica desde la academia: en universidades y centros de investigación especializada y otra parte desde la sociedad civil: centros especializados. Finalmente un grupo importante de la investigación se hace desde el sector gubernamental, en ámbitos desde la agricultura a la investigación oceanográfica, de experimentación en glaciares hasta las selvas, en materia de minería o de ciencias sociales como antropología, etnología, folklore, y claro está, en arqueología.
Pero hay una especial diferencia con la investigación realizada desde el sector público: el mismo que se realiza con fondos públicos. Siendo así la producción científica producida con recursos públicos es accesible a cualquiera, en base a los principios de que lo desarrollado con fondos públicos es de acceso público (salvo las excepciones de la norma, establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública).
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Las investigaciones arqueológicas financiadas con el erario público, son investigaciones científicas. Y es aquí donde encontramos el precedente Iriarte-Brenner. Los cuadernos de campo de la labor de Francisco Iriarte Brenner en Puruchuco, lugar donde se experimentó técnicas de restauración, pero que además es uno de los pocos sitios arqueológicos puestos en valor en Lima. Estas bitácoras (o diarios de campo) son de una riqueza increíble, puesto que dan no solo información científica del contexto de los hallazgos, sino de los procesos para conservar, para excavar, para consolidar, para comparar con investigaciones previas.
Pero el Ministerio de Cultura negó el acceso aduciendo que los documentos científicos, aún los hechos con recursos públicos, no son de libre acceso. Eso claramente contraviene la normativa sobre la materia de acceso a la información pública, pero también mostraba cómo documentos de los 50 eran resguardados pero no compartidos para seguir investigando a “hombros de gigantes” y quedaban para ser accesible por una elite.
La negativa del Ministerio de Cultura fue apelada ante el Tribunal de Acceso a la Información Pública y Transparencia, quien estableció que los documentos científicos desarrollados con recursos públicos son accesibles por el público, sin expresión de causa, más cuando se trata de información de beneficio de toda la sociedad, como es precisamente la investigación histórica; añade además que el hecho de no haber sido publicada previamente no es elemento para no brindar su acceso, y más aún si la misma ya se encuentra digitalizada.
La familia Iriarte Ahon, hijos de Francisco Iriarte Brenner, también se pronunciaron sobre la decisión del tribunal, indicando que “el libre acceso a las investigaciones de su padre, quien fuera primer decano del Colegio de Arqueólogos y Director General de Patrimonio Cultural de la Nación, es un hito para la investigación científica en el Perú. El libre acceso a las investigaciones realizadas con recursos públicos, en todas las áreas, fortalece la ciencia abierta y el poder avanzar ‘a hombros de gigantes’”.
Desde ya invocamos a todas las entidades públicas que comprendan la necesidad de entregar no solo los ‘datos en bruto’ sino la documentación, archivos audiovisuales, audios y cuanto material haya sido recopilado por investigaciones científicas hechas con recursos de todos.