Perú, camino a Guatemala

Las coincidencias entre lo que ocurre en Guatemala y lo que acontece en el Perú han permitido a los analistas políticos construir un paralelo, porque en ambos casos compromete casi a los mismos actores.

En Guatemala, el poder político representado por el Ministerio Público y el Congreso ha iniciado una cacería contra el electo presidente Bernardo Arévalo y su organización política. Se han trazado una serie de denuncias con la intención de trabar la toma de posesión de mando del flamante mandatario, a realizarse este 14 de enero próximo. La organización política que llevó al poder al presidente Arévalo también ha sido declarada inhabilitada y se están haciendo una serie de demandas legales para despojar al presidente, la vicepresidenta y sus principales congresistas del antejuicio para que pierdan la inmunidad.

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Este proceso, llevado a cabo por la fiscal de la Nación Consuelo Porras, es tan traído de los cabellos que resulta claro que lo que se trata es impedir que Bernardo Arévalo asuma la conducción del país. Se le acusa al mandatario electo por haber organizado una movilización de protesta en el año 2022, dentro de una universidad. Los cargos por esta razón son usurpación, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.

La vicepresidenta electa y un conjunto de congresistas también han sido denunciados por los mismos cargos. En paralelo, la fiscal ordenó la detención de otras 28 personas vinculadas igualmente al presidente Arévalo y al partido Semilla, con el que ganó la contienda, pese a que no figuraba entre los potenciales ganadores, todos ellos relacionados con el Gobierno saliente.

Hay que agregar que la fiscal Porras forma parte de un conjunto de autoridades y políticos que no podrá ingresar a los Estados Unidos por figurar en listas negras por casos de corrupción.

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El contrabando político que está desarrollando el Congreso peruano para dar marcha atrás a todas las reformas políticas alcanzadas, la persistente violación de derechos y libertades de personas, el crimen impune de 49 asesinados durante las protestas y ahora la abierta cooperación de la Fiscalía de la Nación con todo el accionar parlamentario, que en retribución la protege de toda posibilidad de investigación en la JNJ, hacen que los casos de Guatemala y Perú tengan lazos innegables.

Solo falta que en Perú se anuncien las sanciones norteamericanas, como las impuestas en Guatemala. Ya se ha dicho y reiterado que lo que está ocurriendo con la JNJ, el JNE y los fiscales anticorrupción está siendo monitoreado de cerca por el sistema interamericano y la propia ONU. Parece que el mensaje no llega bien al oído de los interesados.