Rema, que nos ahogamos, por Rosa María Palacios

Imelda Tumialán es la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Una mujer de modales pausados, menuda y bajita que sinceramente cree en la justicia. Una vida dedicada al derecho y a la defensa de los derechos humanos le da una trayectoria limpia que ella maneja con total discreción. La escuché brevemente este viernes. Conmueve su total desconcierto y tristeza por los ataques brutales para destruirla a como dé lugar. ¿Qué falta han cometido ella y sus seis colegas de la JNJ? ¿Hablar bajo? ¿Estar fuera del espectáculo de la noticia? ¿Hacer un trabajo lento pero sin pausa para, con justicia, limpiar un sistema profundamente corrupto? Se lo dije con mucha pena, como se lo dije en su oportunidad a Zoraida Ávalos: “Lo siento mucho, doctora. Usted no ha hecho nada incorrecto. Defienda su posición, para dejar constancia, porque algún día conseguiremos restaurar la democracia, pero esto es político. Los van a destituir de todos modos”.

No voy a perder espacio narrando todas las triquiñuelas de la fiscal de la Nación para evitar responder por, esas sí, graves acusaciones contra ella. Solo quiero advertir del pacto que esta tiene con el Congreso para liquidar a sus enemigos. Pacto que le garantiza estabilidad en el puesto. Es difícil de creer que la liberación de un narcotraficante sea el pretexto de esta crisis democrática, pero es así. La hermana jueza de la fiscal vale, hasta ahora, una fiscal suprema y la Junta completa. Las hermanas Benavides ya no serán investigadas, nunca más.

¿Qué interés tiene el Congreso? El pacto de los Acuña (César y Richard), su brazo derecho Luis Valdez y los consejeros de Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, es bastante conocido. Desde el Gobierno de Vizcarra hacen un frente común. Ellos, fuera del Congreso, son el núcleo del poder. Ellos deciden y es claro, por las votaciones, que tienen aliados. Avanza País, Podemos, AP, a veces Renovación (que quiere tener juego propio y no le resulta), apuntalan cualquier asalto al sistema democrático al que la izquierda de Perú Libre va, encantada, de furgón de cola cuidándose de tener una retórica estridente que ya no confunde a nadie. El Bloque Magisterial hará cualquier cosa, lo que le pidan, si le nombran de manera automática a unos cuantos miles de maestros que no pueden pasar un examen de conocimientos. A más nombrados, más votos, para lo que se ofrezca. Esta lógica es cómoda para el Congreso y para Alberto Otárola, el hombre que gobierna el Perú desde hace meses. Es un “toma y daca” funcional al único punto de la plataforma política que une a ambos poderes: nos quedamos.

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Dina grita en Pichanaki. El Congreso en Lima. Mientras Dina culpa a los muertos de su propia muerte y llama “asesino de la Diroes” a su exjefe, el Congreso se tira abajo la educación universitaria y la carrera magisterial. Mientras Otárola mete a un hermanito en el gabinete (van dos), Rosselli Amuruz presenta una moción “de enmienda” a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mientras Dina tiene un ministro con denuncias por alimentos, el Congreso del multidenunciado Soto pone a un trío de ‘mochasueldos’ (Torres, Acuña, Juárez) y un ‘niño’ (Vergara) en plan de tremenda corte contra la JNJ. ¿Qué les puedo decir? Que el campeonato está parejo.

Lo nuevo es que es tal la desesperación por controlar el sistema de justicia y el sistema electoral que un plan de poco menos de tres años parece poco. Ya no sé si solo aspiran al 2026. Las consecuencias de la súbita y sumarísima ejecución (eso es lo que es, un horror jurídico) de la JNJ son fáciles de ver. Si la Junta es destituida, durante unos seis meses no se investigará, no se nombrará ni se sancionará ni se ratificará a nadie en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hermanitos, ¡están salvados!

¿Quién nombra a la nueva JNJ? Agárrense: El defensor del Pueblo, el presidente del TC, la fiscal de la Nación, el contralor, el presidente del Poder Judicial y dos rectores. El Congreso tiene hoy, por lo menos, cuatro de los siete bajo su total dependencia. ¿Se imaginan a quién van a nombrar? Pero el verdadero premio es este: en seis meses debe comenzar el proceso de ratificación, por cuatro años más, de los jefes de Reniec y ONPE. Con la Junta en el bolsillo y controlando el Jurado Nacional de Elecciones, a través del control de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos por la JNJ, el Congreso tiene el control total del sistema democrático peruano. El Congreso, es mucho decir. Digamos que, los que cortan el jamón. El núcleo duro del pacto de facto.

Nos ahogamos, y la verdad es que veo a pocos, muy pocos, remando. Hacen falta.