Autoridad que no abusa se desprestigia…, por Augusto Álvarez Rodrich

El brulote antidemocrático de la ‘investigación sumaria’ de 14 días hábiles para investigar a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por supuesta causa grave, tiene la finalidad evidente de removerlos.

La justificación de los 84 congresistas —hubo 7 abstenciones y 22 votos en contra— es que la JNJ incurrió en falta grave al pronunciarse contra el juicio político y antejuicio a la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos, que terminó con su destitución arbitraria como fiscal suprema por su decisión sobre los casos del expresidente Pedro Castillo.

Fue arbitraria pues, guste o no, la suspensión de los casos de Castillo hasta el fin de su mandato era una decisión propia de la fiscal de la nación. El congreso podría defender su derecho a remover a la JNJ actual, pero eso sería un abuso del derecho porque, por lo anterior, carece de fundamento.

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El problema es que hay una mayoría en el congreso que ha decidido, desde hace ya buen tiempo, capturar las instancias judiciales y electorales del país para alinearlas con sus objetivos políticos mediante la designación de personas afines a los mismos.

En esa mayoría parlamentaria dispuesta a destruir la institucionalidad para un beneficio político particular no hay mayor coincidencia ideológica, sino pura vocación por la captura de las instituciones democráticas del país para ponerlas a su servicio.

En esta combi asesina de la democracia viajan desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, pasando por APP, Renovación, Avanza País, Unidad y Diálogo, y Somos Perú, agrupaciones que se vuelven a arrejuntar, como ya lo hicieron para designar un TC a su medida, para proceder a nombramientos y destituciones, desde la JNJ, en los organismos del poder judicial y del ministerio público, así como en los electorales JNE, ONPE y Reniec.

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Será difícil que un Congreso mediocre y corrupto como este, que ya no tiene reputación por cuidar pues carece de todo prestigio, recapacite en esta bacanal antidemocrática en su marcha de destrucción institucional, que incluye desde la reposición de maestros sin examen hasta la cooptación de las autoridades judiciales y electorales a partir del criterio de que autoridad que no abusa se desprestigia.