CVR: para que no se repita, por Patricia Paniagua

En el año 2001, tras la caída de la dictadura fujimorista, y entre las muchas medidas concretas adoptadas por el Gobierno de la Transición Democrática para restituir en nuestro país el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos, se creó la Comisión de la Verdad.

El Gobierno transitorio confirmó, a través de la creación de esta Comisión, su apuesta firme por verdad, justicia, reparación y memoria y no repetición. La finalidad de ella fue el esclarecimiento del proceso, hechos y responsabilidades en el conflicto armado interno vivido en nuestro país entre los años 1980 y 2000 a causa de la violencia de las organizaciones terroristas y de los agentes del Estado, así como la generación de recomendaciones que afirmaran la paz, la justicia y la democracia en nuestro país.

22 años han transcurrido de su creación y 20 de la entrega de su Informe Final, fecha conmemorada este último 28 de agosto, y que es recordatorio del reclamo perentorio por justicia y de la enorme deuda pendiente con víctimas, deudos y ciudadanía en quienes persiste una herida abierta difícil de sanar. La falta de interés del Estado por reparar, sensibilizar, concienciar y difundir de las conclusiones a las que arribó este informe y de un clima de estigmatización y de grotesco aprovechamiento y manipulación política, impide procesar y aceptar la contundencia de las evidencias y abrir paso a un nuevo momento que permita aprender del horror de la experiencia vivida, afirmar el respeto por las víctimas y la muy dura lucha de las familias, y apostar por una convivencia basada en una cultura de paz.

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El momento político que atravesamos ahora es evidencia de 22 años de indolencia, olvido y omisión de acciones para que no se repita, en los que han prevalecido el rechazo y la desidia frente a las recomendaciones de la CVR. Estas recomendaciones, que muy pocos peruanos y peruanas conocen y cuya lectura integral del informe debiera ser interés de todos, apuesta por reformas institucionales, afianzamiento de la institucionalidad democrática, así como el abordaje educativo de valores democráticos y un plan integral de reparaciones para víctimas, entre otros.

En momentos en que la discusión se centra en la admisión a trámite de una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurrida hace meses, y que es usada políticamente para distraer de problemáticas graves, como la criminalidad y la crisis económica, y traer al debate el absurdo tópico del retiro del Perú de este fuero, es momento de hablar mucho más y más alto de este informe y sus recomendaciones, del componente de exclusión, marginalización y discriminación étnico-racial y de género que devela, y de exigir al Estado la implementación plena de sus recomendaciones y el cumplimiento de su deber con la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.