El perro del hortelano sigue mordiendo, por Manuel Pulgar Vidal

El artículo El síndrome del perro del hortelano publicado el 2007 por el expresidente Alan García visibilizó su política de fomento a la inversión en la extracción de los recursos naturales, a costa de sacrificar los derechos de los pueblos indígenas y el derecho constitucional a habitar en un ambiente sano, lo que condujo, años después, a la crisis de Bagua y la muerte de 33 personas, entre policías y pobladores indígenas, y dio inicio al conflicto de Conga, heredado por el expresidente Humala, que generó 5 muertos.

Frente a ello, una Comisión Multisectorial aprobó en octubre de 2012 un informe que planteó la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, dando origen al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), creado por ley en diciembre de 2012.

Este esfuerzo para darle solidez y credibilidad al sistema de evaluación del impacto ambiental está, 11 años después, viéndose amenazado por voces que debidamente concertadas piden la fusión de Senace con otros órganos del Estado y su adscripción a PCM, lideradas por Roque Benavides, aprista que mantiene activo al perro del hortelano planteando nuevas mordidas y contando para ello como fiel alfil con Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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Planteo ante ello 7 razones para fundamentar el sinsentido de esta propuesta:

1. Senace ha disminuido sustancialmente la conflictividad alrededor del proceso de evaluación del impacto ambiental en las actividades extractivas. Su desaparición, fusión o adscripción a PCM incrementará nuevamente la conflictividad, fruto de la desconfianza que ello generaría.

2. Senace fue pensado en el tiempo en que el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, era ministro de Defensa. El primer proyecto de ley se presentó en mayo de 2012 y contó con su respaldo. Mostraría una penosa contradicción si quien promovió su creación apoyara hoy su disolución.

3. Intentar fusionar Senace, Sernanp y ANA muestra una absoluta ignorancia y desconocimiento de sus roles, funciones y objetivos. Una autoridad de certificación ambiental fusionada con la autoridad de áreas protegidas refleja el menosprecio por la gestión ambiental en el Perú.

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4. “Es la economía, estúpido”, frase cuya autoría corresponde a James Carville, asesor de Bill Clinton, es la manera perfecta de hacer entender en el caso peruano que la baja de inversiones en el sector minero no tiene como razón una supuesta excesiva tramitología ambiental, sino un enfriamiento de la economía fruto de la inestabilidad política que el país vive desde el año 2016.

5. Nos quieren hacer creer que la adscripción de una entidad a PCM implica darle poder, enfoque multisectorial y garantía de coordinación en el ejercicio de sus funciones. PCM es una entidad que tiene alrededor de 30 adscripciones y no tiene siquiera un viceministerio para el seguimiento a sus funciones. Adscribir Senace a PCM es llevarlo a la tierra de Carlos Vives, la tierra del olvido.

6. La posición de Roque Benavides y Víctor Gobitz no refleja la posición del sector minero en su conjunto, que reconoce que dicha absurda propuesta normativa incrementaría la desconfianza en el sector.

7. Este nuevo intento de flexibilizar las exigencias ambientales contradice la tendencia global, que entiende perfectamente que solo con responsabilidad ambiental podremos enfrentar los grandes retos de la humanidad, entre ellos el cambio climático.

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Estamos seguros de que incluso en el actual escenario de un Ejecutivo débil, dependiente de un Congreso errático y desprestigiado, las organizaciones serán capaces de luchar y resistir frente a este nuevo y absurdo embate de una clase empresarial incapaz de entender el interés colectivo por encima de su interés individual