Ley de nombramiento automático docente es humo, por Irma del Águila

Este Congreso, que no se sabe si tiene de bazar árabe o cueva de Alibaba, aprobó la ley que permite el nombramiento automático de docentes contratados con tres años de servicio. Los 80 congresistas que votaron a favor de la norma que pretende tumbarse la meritocracia alegan defender el derecho a la “estabilidad laboral”.

Ignoran o no quieren ver que la norma conculca groseramente otros derechos fundamentales. Uno de estos, la igualdad ante la ley: se vota cuando más de 120.000 docentes en todo el país se someten a la etapa final de evaluación (prueba descentralizada). Y sin considerar que solo existe algo más de 80.000 plazas disponibles, según confirmó la exviceministra de Educación, Patricia Andrade.

No hay más. Entonces, ¿con qué otro criterio se pretende que las calificaciones profesionales decidan el ingreso a la carrera docente? A los docentes que ganen una plaza en este concurso les asiste la Ley de Carrera Pública Magisterial y el más elemental sentido de justicia.

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La norma de marras intenta desbarrancar la Carrera Docente, una política de Estado que avanza, con problemas y trompicones, hacia la profesionalización y la estabilidad laboral. Y cuando se asienta, luego de años de resistencia, un número creciente de docentes y dirigentes del Sutep que respalda la Prueba Única Nacional (PUN) y las capacitaciones. Tan necesarias, porque el Perú tiene un déficit enorme de formación docente, que le debe mucho al fujimorismo.

Por décadas, los institutos pedagógicos han sacado docentes como churros, sin control estatal. El resultado es un desastre de dimensiones. En 2019, el Minedu aplicó una prueba a docentes egresados: el 100% de salidos de institutos desaprobó en conocimientos pedagógicos (sic), 80% en razonamiento lógico y 41% jaló en comprensión lectora. El título era cartón y solo cartón.

La única salida a este embrollo estructural son políticas de capacitación, acompañamiento y evaluaciones. No se sale del desastre con leyes declarativas. Por último, la norma atenta contra el derecho fundamental de millones de niños y niñas a una educación de calidad. Condena a los chicos de escuelas públicas (los más vulnerables) a una mayor precariedad en el aula. Profundiza la brecha que los separa de estudiantes de escuelas privadas, con docentes en permanente evaluación y capacitación.

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La norma contraviene fallos del TC (el de antes) que ya se pronunció en demandas contra la Ley de Carrera Pública Magisterial y que, en situaciones de conflicto de derechos, afirmó la preeminencia del “interés superior” de la infancia.

En definitiva, sacrificar el futuro de los niños y del país o votar por la “estabilidad laboral” es un falso dilema. Salimos juntos. La demagogia de la bancada magisterial (Fenate) y acólitos de la derecha mercantil encubre intereses mezquinos. ¿Qué colegio elegirían esos 80 congresistas (de derecha y de izquierda) para sus propios hijos?