Áreas protegidas en peligro

¿Por qué Perupetro ha iniciado consultas para explotar fuentes de combustible fósil en zonas bajo protección como las reservas del Manu y de Bahuaja Sonene? Se trata de un estudio realizado por la empresa estatal para bajar estándares medioambientales en áreas naturales de conservación, lo que permitiría así la explotación de petróleo y gas.

Según una investigación de Ojo Público, son 67 las reservas naturales existentes, en las cuales se protegen la megadiversidad y la alta vulnerabilidad. Dos de ellas, Manu y Bahuaja Sonene, podrían ser las primeras afectadas por esta modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en las que se habrían ubicado pozos de petróleo y gas para la explotación.

Estas modificaciones son sustanciales tanto para el Ministerio de Energía y Minas como para Perupetro, que se encuentran en una marcha forzada por la reactivación del sector de hidrocarburos. La propuesta legal que se plantea es la modificación de nueve artículos de la ley para adaptarla a los requerimientos actuales.

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La iniciativa nacida de la empresa petrolera estatal ha pasado al Ministerio del Ambiente en consulta –donde obtuvo una respuesta negativa– y de allí será vista en el Consejo de Ministros; si es aprobada en esa instancia, buscará el voto favorable en el Congreso.

Según expertos medioambientales, la situación es de sumo riesgo para estas áreas protegidas, porque una licencia para extracción de hidrocarburos podría luego transformarse en la autorización para el ingreso de la minería, que tanto daño está haciendo a la flora y fauna de Madre de Dios, región donde están ubicadas ambas reservas.

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La extracción de oro ha convertido el río y la vegetación en un pozo de mercurio en el que no volverá a crecer nada. Las áreas protegidas en riesgo colindan con lotes petroleros, pero también son lugar de asentamiento de comunidades nativas; algunas de ellas con poblaciones de no contactados.

Aunque se trata de una iniciativa estatal aún en consulta, es necesario que se defina la postura del Gobierno de Dina Boluarte en torno a este tema, por la trascendencia de la decisión, con la que se afectarían la población, naturaleza y reservas naturales existentes.