La urgente propuesta de la CIDH, por Jo-Marie Burt

El 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, donde concluye que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el Perú en el marco de las protestas ocurridas entre el 7 diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.

El informe recomienda una serie de medidas, entre ellas investigar, procesar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Para coadyuvar a la investigación de estos hechos, la CIDH ha ofrecido su asistencia al Estado peruano para crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Perú (GIEI-Perú). Es una propuesta que el Gobierno de Dina Boluarte debe tomarse con seriedad.

Los GIEI son mecanismos que buscan brindar apoyo técnico experto e independiente a las instituciones nacionales a cargo de la investigación de situaciones graves y excepcionales que han generado graves violaciones a los derechos humanos, y que por su complejidad requieren de un acompañamiento especializado para la determinación de la verdad y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.

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La magnitud, complejidad y gravedad de las violaciones de derechos producidas en el marco de la crisis democrática en Perú, ampliamente documentado por periodistas, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y ahora la CIDH, requieren de un mecanismo de esta naturaleza. Las graves deficiencias en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos documentados por periodistas y la comunidad de derechos humanos evidencian la necesidad de un apoyo internacional.

Se han documentado problemas con el tratamiento de evidencia clave. El Ministerio Público eliminó las fiscalías de derechos humanos que deberían investigar los abusos, a pesar de contar con años de experiencia especializada en la materia, y creó un grupo especial para investigar los hechos con fiscales que no tienen experiencia de investigar violaciones de derechos humanos. A su vez, centraliza la investigación de estos casos en Lima, limitando el acceso de los sobrevivientes y las familias de las víctimas en el interior a la justicia.

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Un GIEI-Perú puede impulsar y fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales, al igual que puede coadyuvar a que las fiscalías presenten casos sólidos que brinden justicia pronta a las víctimas. En otros países en la región, la CIDH y los Estados respectivos establecieron un GIEI para apoyar al esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos de protestas sociales, similares a las que hubo en el Perú, como el caso del GIEI-Nicaragua, que apoyó decisivamente esclarecer la verdad sobre los hechos de represión estatal hacia protestantes en 2018, que terminó con 109 muertos, más de 1.400 heridos y cientos de detenidos.