El informe de la CIDH

A primera hora de la mañana se dará cuenta a los países integrantes de la comunidad internacional del informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta investigación expresará la evaluación de los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, correspondientes a los dos meses del Gobierno de la presidenta Boluarte. En ese periodo se produjeron las masacres de ciudadanos por parte de las fuerzas del orden en Andahuaylas, Ayacucho, Pichanaqui y Juliaca.

El 11 de enero llegó al Perú una misión de la CIDH para evaluar in situ lo que estaba ocurriendo, por lo que entrevistó a los actores participantes en las revueltas y a las autoridades que dispusieron la respuesta militar y policial, que ya se ha determinado en anteriores investigaciones elaboradas por organizaciones internacionales independientes, la cual fue excesiva y utilizando métodos vedados para este tipo de protestas de civiles desarmados.

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Estos informes corresponden a las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional, UN Human Rights, entre otras. En todas se coincide en dos enunciados: hubo ejecuciones extrajudiciales y se ha seguido con la política de amedrentamiento a los movilizados, bajo amenazas de detenciones y procesos judiciales, recortando el derecho a la protesta dentro de los cauces que la democracia no solo admite, sino promueve.

La mandataria Boluarte ha querido menoscabar la importancia de los informes, aduciendo que se trata de las ONG. En el caso de la CIDH, no existe esta excusa porque es un órgano vinculante; es decir, que sus fallos generan derecho en el espacio supranacional, el que debe ser cumplido en el ámbito nacional.

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Por lo pronto, se vuelven a escuchar las voces de la extrema derecha que reclaman el retiro del Perú de la comisión. De momento, han excluido desde Relaciones Exteriores la candidatura de Julissa Mantilla para la conducción de este organismo. La jurista y especialista en DDHH señaló haberse enterado de la decisión por las redes sociales.

Un contrato filtrado por un corresponsal de Associated Press permitió conocer el convenio que hizo la Embajada del Perú en Estados Unidos con una empresa de manejo de relaciones públicas, en el que se comprometen a mejorar la imagen del país, bastante golpeado por los crímenes cometidos, la voluntad mostrada por las autoridades para mantener el clima de impunidad y la permanente negación de responsabilidades con la que buscan cubrirse.