El equipo especial

¿Por qué los deudos de quienes fueron víctimas de la represión ocurrida en diferentes puntos del país se oponen a que las investigaciones realizadas hasta el momento se trasladen a Lima, en manos de una comisión especial de fiscales creada por el MP, presidida por Marena Mendoza?

Hay varias razones esgrimidas por los opositores a la medida. La primera es que la fiscal a cargo carece de la especialidad en derechos humanos, que es el centro principal de las denuncias, ya que se busca establecer si se trata de una violación masiva de DDHH, practicada por el Estado contra la población civil indefensa. En las indagaciones preliminares practicadas han sido las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos o las fiscalías ordinarias en las ciudades donde ocurrieron los luctuosos sucesos las que han estado a cargo hasta el momento.

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El segundo aspecto radica en el retraso que podría ocurrir si se trasladan los expedientes hacia la capital, cuando ya existen avances y hay investigaciones practicadas que han ido desentrañando lo ocurrido, como es el caso del SO Soncco en Juliaca, quien no fue quemado en su vehículo policial, sino previamente herido de muerte por, presumiblemente, una piedra. Hay también resultados de pericias forenses ya realizadas que permiten evaluar que 30 de los fallecidos recibieron impactos mortales de balas utilizadas por las fuerzas del orden.

El tercero es que la fiscal Marena Mendoza ya ha tenido una participación previa en los sucesos ocurridos en la Universidad de San Marcos. Ella dio fe de la presencia de la Fiscalía desde el inicio del operativo en la casa de estudios, cuando ha quedado registrado por la Defensoría del Pueblo que el ingreso de los fiscales se produjo dos horas después, y que en un inicio los policías a cargo no dejaron entrar a los representantes de organismos públicos ni privados que pudieran testificar sobre las violaciones de los derechos humanos de las 170 personas reducidas en el suelo.

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Los deudos y familiares de los fallecidos y heridos en Ayacucho han emitido un pronunciamiento en el que protestan por la decisión de la fiscal de la Nación. Señalan que, aunque ya hay un proceso abierto en Lima por las muertes de 69 personas durante los disturbios, nada se ha avanzado en relación con la acusación que pesa contra la presidenta Dina Boluarte y los ministros Alberto Otárola, el de Defensa y el de Interior. Incluso se ha negado la participación de los abogados de los deudos en los interrogatorios practicados.

Por ello, consideran que se está evitando que obtengan justicia y que además por su propia condición económica resultará oneroso trasladarse a la capital para hacer seguimiento de sus procesos. En respuesta, la vocería del equipo especial de fiscales a cargo ha señalado que se velará por que se imparta justicia célere e independiente, y que se llegará a determinar los responsables.