El voto salvador

Tras cuatro años de espera, finalmente se realizó la sustentación ante la Comisión Permanente del informe final con el que se autoriza que la excongresista Luciana León pueda comparecer ante la justicia ordinaria por delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su periodo como parlamentaria, entre 2017 y 2018.

Las imputaciones son muy graves. Se trata de una acción de la parlamentaria para favorecer negocios fraudulentos en el municipio de La Victoria, a cambio de recibir dinero que le llegaba en paquetes enviados por la autoridad edil que, por su parte, manejaba negocios ilegales como cobro de cupos a vendedores ambulantes en zonas altamente comerciales, con el respaldo y la protección que le brindaba la excongresista.

La excongresista también presentaba desbalance entre ingresos y egresos, por bienes adquiridos sin haber podido comprobar el origen del dinero empleado para las adquisiciones.

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El caso se mantuvo en el olvido congresal durante cuatro años, pese a que existe una denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, en la que se plantea la necesidad de permitir que la excongresista del APRA Luciana León afronte un proceso penal por delitos que abarcan el tráfico de influencias, el cohecho propio, peculado doloso y la participación en una organización criminal, que lideraba, según el fiscal.

Finalmente, la Comisión Permanente pudo reunirse para analizar el informe final y decidió que la excongresista León podrá ser comprendida en el proceso penal por los delitos señalados, menos por el de integrar una organización criminal. Con este acuerdo obtenido y la rebaja de casos para responder ante la Justicia, se espera que pase al Pleno, que lo deberá discutir y, finalmente, aprobar o rechazar.

Pese a la existencia de documentos y de audios que están en manos del fiscal que investiga el caso y que fueron reunidos en el informe final por la ponente Susel Paredes, se impidió que el delito de organización criminal entre al expediente. Los votos que la salvaron de afrontar un delito más grave provinieron de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y el voto emitido por una representante del Bloque Magisterial y la no asistencia de Waldemar Cerrón, de Perú Libre, entre otros.

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La bajísima legitimidad que muestra el Congreso, con un dígito de aprobación, pareciera no importarles. Este intercambio de favores políticos y blindajes que se prestan entre ellos solo busca perpetuar la impunidad y garantizar que, en caso de requerirlo, allí estará el voto salvador que los librará de la justicia.