Nunca debió ser ministro

No ha sido la única vez que el ministro de Educación, Oscar Becerra, ha respondido con exabruptos y lanzado frases que conmocionan a los especialistas, a los políticos y a los ciudadanos y ciudadanas, afectados por este tipo de comentarios.

Desde graves acusaciones sobre consultorías que nunca pudo probar, o calificaciones contra un partido político, hasta una serie de cargos contra los exmiembros del Consejo Nacional de Educación —que desmontó para organizar otro alternativo y más obsecuente— o su justificación para proceder a la destrucción del modelo de gestión independiente en Sunedu para armar en reemplazo un Frankenstein en el que asoman los intereses económicos de universidades no licenciadas.

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Todo ello constituye el “legado” de Óscar Becerra al frente del Minedu, al que tendrá que adjuntarse posiblemente su frase más infeliz al referirse a las mujeres aimaras que acuden a las protestas con sus hijos a cuestas. Señalar que son peores que animales, parece alcanzar el nivel máximo de paroxismo verbal de un funcionario público contra ciudadanas a las que está obligado a servir y respetar.

Flaco favor le hace a la presidenta Boluarte que se precia de ser la primera mandataria mujer y para quien la prioridad debe ser los más vulnerables, es decir, las mujeres y los niños. Acudir a una manifestación pacífica no debería ser riesgoso para nadie, porque existe el derecho a la opinión y a la protesta, porque es un ejercicio ciudadano que cabe en una democracia.

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Un proceder bajo criterios discriminadores, centralistas y arbitrarios como que esas mujeres posiblemente alquilen a los menores para acudir a las protestas solo acentúa la distancia cada vez más profunda entre las autoridades y la población que, sin lugar a dudas, está siendo degradada por un ministro que nunca debió ocupar ningún cargo, porque ha mostrado hasta la saciedad que no reúne los requisitos básicos.

Es el momento de zanjar contra estos despropósitos que muestran la baja calidad democrática de este Gobierno, su indolencia ante ofensas contra la mitad de la población constituida por mujeres y por admitir funcionarios que sienten que el cargo les otorga “patente de corso” para decir o hacer barbaridades.