La constitución en agenda

Lo que ocurre en estos días en la política peruana tiene consecuencias inmediatas que harán sonreír a algunos, pero también ha instalado un tema que frunce el ceño de varios. En el corto plazo, el Congreso terminó posponiendo el debate sobre el adelanto de elecciones y, de paso, se ha aplazado también la decisión de si el gobierno de Boluarte, y el actual Congreso, continúan o no hasta el 2026.

Las movilizaciones han amainado, están focalizadas en determinadas zonas del país y da la impresión de que, si bien la indignación está presente, los manifestantes y su entorno se han visto impactados por las consecuencias que ha tenido la paralización en economías locales que ya estaban afectadas por la crisis de la pandemia y el contexto internacional. De acuerdo con la encuesta de enero del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), casi un 70%, incluso algo más en el sur, decía que las protestas estaban afectando su economía. Habrá que observar cómo esto evoluciona.

En contraste, la discusión sobre la necesidad o no de cambiar la constitución no ha hecho más que crecer y ha pasado de ser una propuesta vinculada sobre todo a grupos de izquierda, a ser un tema presente en la agenda de debate público. Durante la campaña electoral del 2021 grupos de centro y de derecha hablaron también de cambios en la constitución.  Cuando recién asumió Castillo en julio de 2021, un 23%, de acuerdo con una encuesta del IEP, creía que lo más conveniente era cambiar a una nueva constitución. En enero, ese porcentaje se elevó a 40%.

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Es cierto que la forma de preguntar en las encuestas sobre el asunto puede dar resultados diversos, pero va a ser muy difícil que, en la próxima contienda electoral, sea cuando sea la fecha, esto no se vuelva a tocar. Para comenzar, Fuerza Popular, que es uno de los grupos que más defiende la constitución del 93, ha promovido o llevado adelante varias propuestas de cambio.

Hay iniciativas diversas vinculadas al régimen económico, la relación entre ejecutivo y legislativo, derechos sociales, etc., pero lo más importante es que las opiniones sobre qué cambiar y cómo hacerlo se pongan en agenda en la mayor cantidad de espacios posibles y que todos participen. Abordar este tema como algo sobre lo cual no se puede o no se debe debatir es ya insostenible.

La actitud de algunos políticos, analistas y medios ha sido la de negar la discusión sobre la pertinencia o no de cambios en la constitución, como si debatir fuese aceptar todo lo que argumenta alguien que piensa diferente. Para comenzar, es poco democrático no deliberar sobre estos aspectos. Niega el espíritu de pluralidad que debe ser la base de la democracia. Debatir obliga a todas las partes a clarificar sus planteamientos y afinar propuestas.

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Si se defiende la legitimidad de la democracia hay que promover la discusión de estos temas, pues es un acto que en sí mismo legitima esta forma de gobierno. Además, no hacerlo, en la práctica de la comunicación de estos tiempos, solo genera burbujas de desinformación donde se comienzan a construir versiones que se retroalimentan y fortalecen fuera de la discusión pública. Muchas veces el pedido de nueva constitución es más la expresión de un rechazo general al funcionamiento actual de la política que un pedido de cambios específicos.

Algunos periodistas han comenzado a pedirle a los congresistas que hagan públicos sus planteamientos y van apareciendo propuestas de diverso tipo. Con varias se puede discrepar y otras pueden llevar a revisar ideas existentes, pero lo importante es difundir una cultura de debate y de respeto de la opinión del otro. Este no es el espacio para evaluar pros y contras de tal o cual propuesta, pero sí es una invitación a promover la importancia de discutir y deliberar para que las ideas se confronten.  Algo bastante más difícil que insultar, atacar, denigrar o silenciar.