Amnistía Internacional

Ayer Amnistía Internacional hizo público un primer informe sobre el Perú. Se trata de uno de los documentos más contundentes acerca de la crisis política en el Perú y sus resultados traducidos en violación de los derechos humanos contra la población civil desguarnecida.

Amnistía Internacional (AI) ha presentado su evaluación sobre los sucesos violentos de los últimos dos meses, y ha establecido que “hubo uso ilegítimo e indiscriminado de las armas” de la Policía y el Ejército y que a pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben las armas de fuego con munición letal para el control de protestas, estas se utilizaron “como uno de los principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas”.

De los 48 fallecidos a manos de la Policía y el Ejército, Amnistía documentó 12 casos de muertes por armas de fuego, en los que los disparos alcanzaron el pecho, el torso o la cabeza de las víctimas, “lo que podría indicar de un uso intencional de la fuerza letal”. AI estableció que por lo menos en dos muertes hay evidencia suficiente que “podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

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Amnistía puso énfasis en el carácter racista y discriminador de las medidas represivas, que fueron más violentas contra las poblaciones indígenas. “Son prueba del desprecio” que aún mantienen la sociedad peruana y las autoridades del Gobierno, indicó AI.

“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde”, señaló la representante de AI, quien enfatizó que se han presentado ataques de las autoridades a la prensa independiente e internacional, en medio de una estigmatización de las personas que se manifiestan, a la que debe ponérsele fin.

Como un eco de la difusión del informe de Amnistía, voceros de Avanza País, después de la reunión sostenida con la presidenta Boluarte, plantearon la amnistía para los policías y militares que estuvieron presentes en la represión que está siendo investigada en diferentes instancias nacionales e internacionales. Hay que recordar que una amnistía general aprobada a favor del grupo Colina por parte del Congreso bajo dominio fujimorista sirvió para la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori. Los crímenes de derechos humanos no prescriben y tienen jurisdicción internacional.