La imperativa transformación digital

Por Fabrizio Terán Ludwick

Queremos un Estado fuerte y eficiente, que recupere la institucionalidad perdida y que cumpla con cerrar las brechas de los servicios públicos en el país. La ciudadanía todos los días demanda más servicios públicos de calidad, oportunos y de razonable costo. Está cansada de largas filas, trámites reiterativos y servicios insatisfactorios.

En esa misma línea, el Estado peruano, en sus diferentes niveles de gobierno, debe transformarse digitalmente para ofrecer los mejores servicios a los menores costos, con transparencia y honestidad, además de contar con la ciberseguridad desde el diseño inicial.

Tomemos como ejemplo a Estonia, un país en donde el 99% de los servicios públicos es ofrecido en línea. Un recién nacido estonio puede ser registrado por sus padres desde el hospital, obviamente sin moverse del lugar. Para lograr eso, los padres cuentan con una identidad digital, así como casi la totalidad de la población de Estonia.

Para ofrecer esos servicios públicos en línea, en Estonia se tuvieron que dar una serie de pasos. El más importante fue conseguir que los datos, y no los ciudadanos, se trasladaran entre una y otra institución pública para recabar los servicios. La única vía para alcanzar ese objetivo fue la digitalización.

Como resultado, ahora los estonios ahorran en costos y ganan eficiencia, sobre todo porque la administración pública burocrática, lenta y problemática, abrió paso a otra administración pública pequeña, eficiente y ágil.

La información de cada uno de los ciudadanos de Estonia que recurre a los servicios públicos estaba dispersa en diferentes bases de datos de múltiples instituciones gubernamentales, nacionales o locales, entre las que incluso no existía comunicación. Eso es precisamente lo que sucede en el Perú.

Todos tenemos datos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Migraciones, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros. Esta información dispersa y duplicada varias veces, disponible en una multiplicidad de bases de datos, impone una situación totalmente deficiente y onerosa para el Estado y también para los ciudadanos. Mantener tantas bases de datos con la misma o similar información es, además, ilógico. Las instituciones públicas han suscrito convenios interinstitucionales precisamente para compartir información a la que se puede acceder en una sola base de datos del Estado.

La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos, y en esto, Estonia le dio una mano al Perú. En efecto, tomando como ejemplo la experiencia de los estonios, en 2018 se promulgó la Ley de Gobierno Digital, que ofrece un marco de gobernanza digital al país. De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (“Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la Pandemia. Perspectivas de los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones públicas”, 2021), el 61% de los encuestados en el Perú hizo su último trámite totalmente en línea durante estos años que la sociedad lleva de afectada por la Covid-19. Por lo tanto, la digitalización es una realidad en el país y es un factor clave para la recuperación económica pospandemia.

El gran desafío es impulsar la transformación digital de manera rápida y total.

Jamás debe ser gradual. ¡Ya estamos cansados de tantos “pilotos” que no llegan a nada!

Otro punto importante es que la tarea de tener un gobierno digital debe involucrar no solo a la tecnología y a los ingenieros de sistemas, sino a todos los talentos necesarios para desarrollar los aplicativos de la manera más amigable, sencilla y segura, para que puedan ser usados por toda la ciudadanía. No dejemos de pensar que la tecnología es una herramienta creada por el hombre para facilitar sus tareas, y esta tecnología es parte de la transformación digital.

La digitalización de los servicios públicos permite llegar a todo el territorio nacional y es inclusiva, tema que está inserto en la Política Nacional de Transformación Digital, la que considera una ciudadanía digital en todo el país.