¿El escenario más probable?

La pregunta resuena de nuevo: ¿cuándo cae Castillo? Ahora, seguida de: ¿irá a caer? Porque los factores que lo sostienen no van a desaparecer.

Veamos. Vacar a Castillo implicaría que los congresistas acepten que se tienen que ir también, y muy pocos lo aceptarían auténticamente. Para muestra, el último audio de Maricarmen Alva. ¿Por qué renunciar al poder, a las gollerías y a las expectativas económicas propias? Más aún con un gobierno con el que es posible transar casi cualquier cosa. Hoy más que nunca, los intereses personales priman sobre los del país.

Además, Ejecutivo y Legislativo comparten una agenda antirreformas, proinformalidad, proconservadurismo y anti-“caviarismo”. Ya tomaron el TC, van por la Defensoría del Pueblo y ya le dieron un zarpazo a la reforma universitaria, al enfoque de género en el currículo escolar y a los pocos avances de la reforma del transporte.

No hay que descartar, además, promesas frente a investigaciones por corrupción. Si los cambios en la Policía han logrado proteger al exsecretario general Bruno Pacheco (¿hará algo el nuevo ministro del Interior por capturarlo?), un compromiso similar puede estar sobre la mesa para quien lo necesite.

¿Qué variables podrían contra pesar las anteriores para que el Congreso decida vacar a Castillo? Principalmente dos: una evidencia directa de corrupción, que con los audios y transcripciones de los últimos días parece que sucederá en algún momento; o que la crisis alimentaria genere un nivel de convulsión social tal que haga insostenible su gobierno. Bajo la consigna “que se vayan todos”, ello conllevaría inevitablemente a la renuncia de todos los congresistas. (Un termómetro de cuán dispuestos están a pasar por un escenario así será la decisión de inhabilitar o no para la función pública a Dina Boluarte).

¿A dónde nos llevaría el escenario “que se vayan todos”? Hay la idea extendida que sería a un gobierno de derecha, o a uno populista de derecha, como el de Alberto Fujimori. Incluso, se cree que Castillo debe mantenerse un tiempo más para que “el pueblo” se convenza del desastre que causa un gobierno de izquierda. Ello aseguraría que el próximo sea uno que garantice las políticas promercado.

Sin embargo, la última encuesta del IEP muestra que la posición a favor de cambiar totalmente la Constitución ha vuelto a subir cerca del nivel de la primera vuelta electoral 2021: 33% en ese momento, hoy 31% (punto más bajo 23%), y que esa recuperación ha sido a costa de quienes pensaban que se requerían cambios parciales (ha bajado de 58% a 49%). Si bien ahora la encuesta no pregunta sobre cambios al modelo económico, cuando en abril del 2021 sí lo hacía, había una alta correlación entre ambas: un 33% también creía que había que cambiar el modelo totalmente.

Con el aumento de la inflación, el cerronismo, Perú Libre e incluso la izquierda “moderada” han acentuado la narrativa de que ello es consecuencia de la Constitución del 93, que tendría atado de manos al gobierno de Castillo, quien ha pasado de descartar el cambio constitucional como prioridad, a ponerlo por delante en sus consejos de ministros descentralizados –para justificar lo injustificable–.

Ahora bien, que en paralelo Castillo siga cayendo en las encuestas revelaría que se trata de una reivindicación de un tercio del país que, llegado el momento, buscará nuevamente quién lo represente, y que incluso una eventual crisis alimentaria podría acentuar la expectativa por cambios radicales.

Si consideramos, además: (i) la ausencia de líderes que estén capitalizando el descontento casi generalizado, (ii) la fragmentación política de una nueva elección, y (iii) la consolidación de sectores informales e ilegales en la política, en realidad lo más probable hoy es la profundización de la crisis política e institucional que estamos viviendo, a la que se sumaría una crisis social derivada de la alimentaria. Las consecuencias de un escenario así, son impredecibles.