Exoneración del IGV sin análisis

Por Angie Higuchi (*)

Todo gobierno debe tomar incentivos temporales ante una crisis. Sin embargo, estas regulaciones tienen que ser bien analizadas para estimar su impacto y efectividad a priori. En nuestro país, el ministro de Economía anunció que el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para exonerar —de forma temporal— a los productos alimenticios de primera necesidad como el pollo, huevo, fideos y harinas del impuesto general a las ventas (IGV). Esto como respuesta al paro y protestas que se están dando en diferentes zonas de nuestro país. A simple vista, esta exoneración parece adecuada. Sin embargo, no lo es tanto si se analiza la medida a profundidad.

En principio, no existe un análisis exhaustivo a partir de data pasada que permita conocer cuáles son los efectos de la exoneración de impuestos sobre el bienestar de los agricultores. Según Malaspina Chuque (2018), toda exoneración que tiene una incidencia económica tiene un doble perjuicio, tanto en el vendedor como en el comprador. El productor agrario se verá afectado por la falta de uso del crédito fiscal de todos los insumos y adquisiciones que han sido necesarias para producir ese producto comestible. Estos costos no desaparecerán con la exoneración del IGV, y serán trasladados al precio final. Esto implica que el productor para que se mantenga en el mercado va a tener que reducir sus márgenes de ganancia. Si intenta mantener la rentabilidad previa a la exoneración, el precio será poco competitivo en el mercado. Todos los productos tienen una cadena de producción con varios eslabones por detrás. Esto hace complicado conocer el efecto final de esta exoneración sobre el bienestar de los productores agropecuarios (Escobal y Aldana, 2000). Por último, lo más probable es que esta exoneración del IGV sea aplicada en supermercados. Teniendo en cuenta que muchos establecimientos como puestos informales e incluso bodegas no emiten facturas o boletas, no se tiene muy en claro a quién beneficia esta exoneración del IGV.

Todo beneficio tributario termina siendo un costo para el Estado que será trasladado finalmente a los ciudadanos a través de impuestos en otros productos o servicios, creando una afectación posterior. Por todo esto, estar exonerado del IGV es una desventaja, pues se pierde la neutralidad del impuesto que debería recuperarse a través del precio, generando una distorsión en el sistema. Es necesario que el Estado forme un equipo multidisciplinario que pueda hacer un análisis exhaustivo de la situación evaluando los efectos de las medidas para paliar la crisis económica y su impacto en la canasta básica, de tal forma que no solo se tenga una intención de beneficiar a unos —a los consumidores en un corto plazo— y no a otros —los productores—, sino que contemple a todos los peruanos en su totalidad.

(*) Profesora e Investigadora de Administración de la Universidad del Pacífico.