La CELAC y el conflicto de Rusia con la Otan, por Ariela Ruiz Caro

Dos países de la región —Cuba y Venezuela— han sido involucrados en el marco de las irresueltas negociaciones sobre Ucrania entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Los rusos han propuesto en un documento oficial que cese su empeño a expandirse hacia el este, particularmente hacia Ucrania y Georgia; que se comprometan a no estacionar misiles en países fronterizos; que se restablezca el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) que Estados Unidos abandonó unilateralmente en agosto de 2019; y que se abra un diálogo este/oeste en materia de seguridad con adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

A su vez, se exige que Rusia retire los cien mil soldados desplegados en la frontera con Ucrania, a lo que sus autoridades han respondido que recibir instrucciones de la OTAN para asignar a sus efectivos militares dentro de su propio territorio sería atentar contra su soberanía. Menos aún, cuando Estados Unidos, como el Reino Unido, suministran crecientes lotes de armas a Ucrania.

El canciller ruso Serguéi Lavrov ha señalado que a EEUU no le interesa resguardar los equilibrios militares y geopolíticos. Las acciones que lidera en la OTAN apuntan a socavar la arquitectura de las relaciones internacionales basada en la Carta de las Naciones Unidas, buscan reemplazar el derecho internacional y construir un nuevo orden internacional con sus propias reglas.

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El Pentágono necesita el conflicto militar: cuando no Taiwán y el mar meridional de China, las fronteras de Rusia con las exrepúblicas soviéticas próximas a su territorio, o las innumerables bases militares formales e informales desplegadas por todo el mundo, inclusive en nuestra región. No en vano el presupuesto de Defensa durante el gobierno del presidente Biden ha continuado incrementándose a pesar de la retirada de sus tropas de Afganistán y el anuncio sobre las de Irak.

En este escenario de confrontación, la cancillería rusa deslizó información sobre un eventual despliegue de efectivos militares y armas a sus aliados Cuba y Venezuela, sin confirmarlo ni negarlo. El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jack Sullivan, dijo que “suena a fanfarronadas”, pero si fuera cierto “actuaremos decididamente”. Es probable que solo se trate de graficarle al gobierno estadounidense la misma táctica que ensaya en Ucrania, y recordarle la crisis de los misiles de 1962, apuntándoles desde Cuba al corazón de su país.

En este escenario es importante invocar los acuerdos suscritos por la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en la Cumbre Presidencial de 2014, cuando los gobiernos declararon a la región como Zona de Paz, basada en los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas, un paso clave contra la globalización del militarismo, según lo sostuvieron entonces funcionarios de la ONU. En esa “Proclama”, los gobiernos se comprometieron a no intervenir en los asuntos internos de cualquier otro Estado, a continuar promoviendo el desarme nuclear y el desarme general y, lo más importante, a guiarse en su comportamiento internacional por lo esbozado en ella.

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Este fue un paso adelante con relación al acuerdo firmado por los presidentes de la UNASUR en 2009 cuando se le exigió al expresidente Álvaro Uribe explicaciones sobre el acuerdo de cooperación militar con EEUU para instalar siete bases militares a espaldas de la ciudadanía y del Congreso. Entonces, Uribe explicó que se trataba de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. En esa reunión, el expresidente Chávez dio a conocer la “Estrategia global en ruta” elaborada por el Pentágono (white paper) en la que se trazaban los planes con miras al 2025. Al final, los doce presidentes se comprometieron a no utilizar las bases para atacar ni desestabilizar a ningún gobierno. Este no ha sido el caso y ello explica la disolución de la UNASUR. En el escenario actual, el desafío es fortalecer la CELAC como Zona de Paz de 2014 y guiarse por sus principios.