Pandemia de violaciones

A tres días de las celebraciones del bicentenario, es imposible no alarmarse con los resultados de un reciente informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ambas instituciones alertan sobre el drama de las violaciones sexuales a niñas de entre 10 y 14 años durante el confinamiento por la pandemia. Y revelan que los embarazos diarios entre este grupo etario aumentaron de 9 casos a 24 casos del 2019 al 2020. Es decir, casi se triplicaron.

En el Perú, desde hace 25 años, los indicadores de embarazo adolescente no disminuyen —se mantienen en alrededor del 13%—. Pero el confinamiento ha disparado los casos de menores de 10 años por violación, donde los agresores suelen pertenecer al entorno familiar.

El Estado tiene que trabajar ya y urgentemente en dos frentes. El primero es prevenir esta terrible situación de abuso que mata emocionalmente a nuestras niñas y alimenta un círculo dramáticamente vicioso de pobreza y sufrimiento. En el segundo frente, tiene la obligación de ofrecer una atención integral a la salud de las jóvenes gestantes. Ello implica asumir tanto su evaluación física y mental, como permitirles el aborto terapéutico. Esto es: poder interrumpir un embarazo si este pone en riesgo la salud de la madre.

Aunque el aborto terapéutico está autorizado en nuestro país cuando el embarazo es de menos de 22 semanas, las autoridades peruanas —como afirma el citado informe— deben asistir los casos de menores porque sus embarazos representan, de por sí, enormes riesgos a sus vidas.

Entre la desafiante lista de prioridades que las nuevas autoridades deben abordar, urge incluir el combate multisectorial de esta pandemia de abuso contra nuestras niñas. Entre otras acciones que suscribimos desde esta columna, el Ejecutivo debe ejecutar una agenda clara de protección, y el Congreso debe dictaminar y ponerle fecha al debate del Proyecto de Ley 387/2016-CR, que despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación sexual.

Por su parte, el Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos subnacionales, debe fortalecer las capacidades de las niñas y adolescentes para prevenir la violencia hacia ellas y los embarazos, capacitar a la comunidad (incluyendo enfáticamente la educativa) para trabajar en evitar violencia sexual y garantizar la protección de las niñas; y establecer lineamientos de actuación obligatoria frente a casos de menores con sospecha o confirmación de embarazo.

Al Ministerio de Salud se le propone elaborar un registro sistematizado y actualizado con información por edades, aunque anónimo, de todas las víctimas de violación sexual. Y cumplir con lo estipulado por la guía de estandarización del aborto terapéutico no punible. Sin embargo, considero que también se debe desplegar, desde los establecimientos de salud, estrategias con los padres y cuidadores para proteger a los menores, así como incluir la píldora del día siguiente como parte de los protocolos inmediatos de atención.

La Cepal anticipa que, producto de la pandemia, el número de niños y adolescentes que viven en pobreza monetaria en América Latina aumentará en 7,6 puntos porcentuales hasta llegar a 51,3%. Es decir, afectará a uno de cada dos. En este contexto de abrupta precarización, es más urgente que nunca proteger a los más vulnerables.