Golpe de Estado

El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se ha apropiado del Gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción.

La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la República Martín Vizcarra.

El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso, lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables.

La opinión pública fue desde el primer momento contraria a este paso; con claro sentido de la democracia se pronunció contra la vacancia y contra la impunidad, señalando que Vizcarra debe ser investigado, pero debe culminar su mandato por las razones legales expuestas y por la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión del Estado en medio de la pandemia, la crisis económica y el proceso electoral en curso. El golpe de Estado también desafía a la ciudadanía.

Los golpistas son, precisamente, conocidos acusados de corrupción; varios son investigados por su participación en redes criminales o pesan sobre ellos cargos específicos y no solo conjeturas. Tras el golpe también se encuentran partidos cuyos líderes son requeridos por la justicia o purgan condena por graves delitos. No hay duda el golpe persigue la impunidad para ellos, más grave todavía si se ha eliminado de facto el equilibrio de poderes, una garantía básica del régimen representativo.

Los peruanos debemos responder al desafío lanzado por estas fuerzas oscuras y envilecidas. Debemos resistir la dictadura de la corrupción. Las elecciones repondrán el camino de la constitucionalidad.