La Reserva Nacional de Paracas en peligro de extinción

Manuel Bartra

Imaginemos, aunque sea por un doloroso instante, la instalación de una petroquímica en las cumbres de Machu Picchu. Similar absurdo, sería concebir el montaje de una cementera en el Parque Nacional del Manu, en plena selva de Madre de Dios. Estos ejercicios, acaso grotescos, dan cuenta del potencial peligro que representa el afán industrial desmedido sobre la cultura y la naturaleza.

Puede que algún lector cuestione que ni la versión más descarada del capitalismo salvaje y destructivo llegaría a esos extremos. Que ni siquiera el neoliberalismo más agresivo y ambicioso podría concebir proyectos de esa naturaleza. Sin embargo, es eso lo que -precisamente- viene sucediendo en la famosa bahía de Paracas, que hoy se encuentra amenazada por la codicia de un consorcio -de capitales extranjeros- que pretende convertir el puerto de San Martín que allí se ubica, en un almacén de concentrado de minerales.

Como es de público conocimiento, la bahía de Paracas es una reserva nacional, declarada y protegida como tal desde 1975, por conservar uno de los ecosistemas más ricos del mundo en fauna marina, así como servir de refugio natural para una notable diversidad de especies y aves migratorias. Pelicanos, flamencos, cóndores y pingüinos son algunos de los asiduos visitantes de esta reserva. Lobos marinos, nutrias, bufeos, tortugas y ballenas coexisten también en este auténtico paraíso animal, junto a una variedad de reptiles y crustáceos que llenan de vida silvestre esta bahía, única en el Perú y en el mundo entero.

Por si esto fuera poco, la geografía de Paracas es de una belleza paisajística extraordinaria, que combina misteriosas dunas de arena de distintas tonalidades con formaciones costeras que producen un verdadero espectáculo para cualquier visitante sensible. Paracas es también la cuna de la cultura precolombina que lleva su nombre y que fue descubierta en 1925 por el conocido ¨padre de la arqueología peruana¨, Julio C. Tello, tras hallar sus milenarias tumbas y maravillosos textiles, que hoy se exhiben en los principales museos del Perú y del planeta, incluyendo el Museo de Sitio, en la entrada de la Reserva de Paracas.

Todo esto ha convertido a la bahía de Paracas es un auténtico polo turístico, que cada año recibe a casi un millón de visitantes, entre nacionales y extranjeros. De aquí, la creciente y lujosa infraestructura hotelera que se ha desarrollado en Paracas y que -a la fecha- lo hacen el segundo destino turístico más importante del Perú, después de Machu Picchu, dejando cientos de millones de dólares cada año.

Sin embargo, todo esto parece no significar absolutamente nada para un par de empresas que actualmente tienen en concesión el puerto San Martín que, irónicamente, se encuentra en la misma bahía de Paracas, en lo que se denomina su ¨zona de amortiguamiento¨. Esto significa que por su ubicación adyacente al área protegida, también requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del área que protege o amortigua, según lo dispone la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834).

De hecho, para acceder al puerto se debe -necesariamente- ingresar y atravesar la misma Reserva Nacional, lo que constituye una violación al principio ambiental de prevención, que exige adoptar todas las medidas necesarias que eviten la degradación ambiental del espacio protegido. En cualquier país decente, sería impensable que las autoridades permitan la operación de un puerto industrial, cuyo único acceso posible pasa por plena área protegida.

En lugar de reubicar el puerto o mantenerlo en su mínima expresión (para uso exclusivo de agricultura o pesca), en el 2014, PROINVERSIÓN decidió licitar el puerto, hasta entonces básicamente artesanal (uso local), a fin de modernizarlo. El ganador de la licitación fue un consorcio integrado por la empresa española Servinoga y las brasileras Pattac y Tucumann, que hoy operan el puerto, a través de la empresa Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP).

Cualquiera hubiera pensado que el TPP operaría la polémica concesión en perfil bajo, como cuidando su controvertida -y acaso ilegítima- inversión. No obstante, a pesar que ya tenían, extrañamente, un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el MTC (en el 2016) y actividades portuarias en curso, decidieron ir por más. El afán de lucro pudo más que la prudencia. Se sabe que la ambición nubla la razón. El anhelo por más millones pesó más que el respeto por el Perú y la Reserva Nacional de Paracas.

Así, en el 2018, el TPP decidió modificar su Estudio de Impacto Ambiental, para transformar el puerto de Paracas en un megapuerto que pudiese competir con el mismo puerto del Callao, para atender tanto a las compañías mineras del sur de Lima e Ica, e incluso las de Huancavelica y Ayacucho, tal como reveló en una entrevista, el Presidente Ejecutivo de TPP, Jorge Arce. Para poder servir a tales clientes, el TPP solicitó que se le autorice la construcción de un almacén de concentrado de minerales, cuya capacidad llegaría a casi medio millón de toneladas de concentrados tóxicos de cobre y zinc, que -en ocasiones- pueden contener otras sustancias químicas, como plomo o arsénico. Manejar estos residuos de alta peligrosidad implica riesgo de fuga, que siempre puede ocurrir ya que no existiría tecnología 100% hermética que garantice -en cualquier escenario- su hipotética dispersión.

Su modificación también supone la edificación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales (cuyos efluentes al mar afectarían la calidad del agua y la fauna marina existente), así como la construcción de una carretera, cuyo costo -encima- se le trasladaría al Estado peruano, para el paso de los camiones que transporten el concentrado. Con la modificación pretendida por el TPP, el tránsito se incrementaría en casi 13 mil camiones anuales (ó 35 camiones diarios, en adición a los 750 camiones que al día ya podrían pasar por plena Reserva) para los próximos años. El TPP ha revelado que ni siquiera contará con una flota propia de camiones, sino que cada cliente o centro minero enviará los suyos, lo cual aumenta el peligro -permanente- de fuga, sobretodo si hay volcaduras o despistes de camiones, como ya se han producido en la zona.

De modo que, gracias a los planes de expansión del TPP, Paracas ofrecerá, en lugar de avistamiento de aves exóticas, un desfile de monstruosos buques Panamax, cuyo atraco ya es posible por las obras de dragado hechas por el TPP. En vez de contemplar el silencio de los acantilados o el desplazamiento de los geckos -en peligro de extinción- por el imponente desierto, tendremos el pesado tránsito de camiones cruzando plena área natural protegida. En vez de sentir la brisa y la fuerza de los Vientos Paracas (cuya velocidad pueden alcanzar los 100 km x hora), quizás respiremos partículas químicas de concentrado tóxico.

Felizmente, ante las protestas de varios colectivos integrados por ecologistas, animalistas, deportistas, hoteleros, pescadores artesanales, pobladores locales y, en general, amantes del Perú y su cultura, en el 2019, el SENACE -adscrito al Ministerio del Ambiente- rechazó la modificación planteada por el TPP, cumpliendo con el principio legal precautorio, que ordena que ante la existencia de ¨peligro de daño grave o irreversible¨, la autoridad tome la medida más eficaz para impedir la degradación ambiental, aún cuando no se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del daño. Es decir, la legislación ambiental exige -como es lógico- que ante la duda mejor se abstengan, pues el riesgo de contaminación es demasiado alto y dañino. Asimismo, se observó el artículo 68 de la Constitución Política, que obliga al Estado a velar por ¨la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas¨, como es la Reserva Nacional de Paracas.

En lugar de aceptar el fallo de la autoridad ambiental, el TPP decidió impugnarlo, apelación que deberá ser resuelta próximamente por el presidente del mismo SENACE, Alberto Barandiarán, quién ahora tiene en sus manos salvar o destruir el legado de la Reserva Nacional de Paracas, para las futuras generaciones. Contamos con que, a pesar de las amenazas del TPP de demandar al Estado peruano en caso de negativa, el SENACE confirme la denegatoria al irresponsable pedido. Todo el Perú estará atento a ello.

La ciudadanía exige que además de una firme denegatoria a la desvergonzada pretensión del TPP, nuestras autoridades -respaldadas por la gran mayoría de la población- transmitan un enérgico mensaje a la industria: el progreso no es sinónimo de crecimiento, menos aún, cuando se da costa de dañar la naturaleza. El solo hecho que se piense en construir un mega-puerto de minerales en las inmediaciones de un área protegida como la Reserva Nacional de Paracas debería ser inconcebible. Peor aún, el intento para lograrlo es -en sí mismo- indignante y repudiable.

Se esperaría que ya en el 2020, exista plena conciencia que proyectos que puedan causar catástrofes ecológicas, más aún en una Reserva Natural, sean desestimados de plano y sancionados socialmente. No se trata de rechazar por mero capricho a la inversión privada ni satanizar a la industria. Sin embargo, ya debería ser parte del sentido común colectivo, que en un lugar así -adyacente a una reserva nacional protegida- no caben actividades que puedan provocar alteraciones irreversibles.

Es lamentable que la máxima ¨el fin no justifica los medios¨ sea tan difícil de comprender para algunos malos empresarios, que parecen ser capaces de todo con tal de maximizar sus utilidades. Así desprestigian ante la opinión pública a todo el empresariado, ensuciando irresponsablemente incluso a los que sí observan criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y ética en el análisis de sus inversiones y decisiones. Ahora toca que todos nos unamos para prevenir este potencial atentado ecológico. #Todos por Paracas!