Detienen a Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, por crímenes de lesa humanidad

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional de Manila, tras aterrizar procedente de Hong Kong. La detención se realizó por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad debido a la campaña de represión y violencia ejecutada durante su mandato (2016-2022) en la denominada guerra contra las drogas.

La Interpol en Filipinas recibió la orden de arresto emitida por el tribunal internacional con sede en La Haya, lo que permitió la intervención de las fuerzas de seguridad. Según el gobierno de Filipinas, Duterte, de 79 años, se encuentra bajo custodia y en buen estado de salud, tras haber sido examinado por médicos oficiales.

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Rodrigo Duterte arrestado en Filipinas: CPI lo acusa de crímenes contra la humanidad

La CPI comenzó a investigar la campaña antidrogas de Duterte en 2018, tras recibir denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que lo acusaban de liderar una política de exterminio contra presuntos narcotraficantes. Se estima que más de 6.000 personas murieron en operativos policiales, aunque ONG internacionales elevan la cifra a más de 30.000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

A pesar de los intentos del gobierno de Duterte por bloquear la investigación, la CPI dictaminó en 2023 que había suficientes pruebas para reanudar el caso. La orden de arresto se hizo efectiva luego de que el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., decidiera cooperar con la justicia internacional. Sin embargo, Marcos mantiene su postura de no reincorporar a Filipinas al Estatuto de Roma, del cual Duterte retiró al país en 2019 en un intento de evadir la jurisdicción del tribunal.

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La brutal campaña de Duterte: miles de muertos en una guerra contra las drogas

Desde que asumió la presidencia en 2016, Rodrigo Duterte convirtió la lucha contra el narcotráfico en el eje central de su administración. Ordenó a las fuerzas de seguridad ejecutar una estrategia de tolerancia cero, lo que resultó en miles de asesinatos extrajudiciales. La policía filipina tenía luz verde para eliminar a sospechosos sin juicio previo, mientras grupos paramilitares vinculados al gobierno ejecutaban operativos clandestinos.

Testimonios de sobrevivientes y exagentes han revelado que muchas de las víctimas no tenían relación con el narcotráfico, sino que eran personas de bajos recursos señaladas sin pruebas o víctimas de disputas personales. Las ejecuciones fueron documentadas en ciudades como Davao, donde Duterte ya había implementado esta política cuando fue alcalde. Organizaciones como Human Rights Watch calificaron la estrategia como una “campaña de exterminio”.